El presidente estadounidense advirtió que no dudará en utilizar la Ley de Insurrección para movilizar militares en territorio nacional si las cortes o gobiernos locales impiden el despliegue de tropas federales. Su decisión ha generado un nuevo choque institucional con gobernadores demócratas, que acusan a la Casa Blanca de intentar provocar caos para justificar una “intervención militar interna”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de centenares de efectivos de la Guardia Nacional a ciudades como Chicago, Illinois, y Portland, Oregón, pese a la oposición de las autoridades locales y un bloqueo judicial en curso. “Hasta ahora no ha sido necesario. Pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que invocarla, lo haría”, declaró desde el Despacho Oval.
Trump afirmó que busca “evitar muertes y proteger el orden”, y aseguró que varios gobernadores republicanos, incluido Greg Abbott de Texas, “están dispuestos a ofrecer tropas donde sea necesario”. Con ello, autorizó el despliegue de 400 miembros de la Guardia Nacional texana en distintas ciudades bajo la premisa de garantizar la seguridad federal.
Gobernadores denuncian una “invasión federal”
El mandatario también firmó una orden para movilizar 300 agentes de la Guardia Nacional de Illinois, aunque el gobernador JB Pritzker denunció la acción como una “invasión ilegal y peligrosa”. La orden ejecutiva instruye al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a asumir el control de los efectivos estatales “para garantizar la ejecución de la ley federal en Illinois” por un plazo de 60 días.
Chicago y el estado de Illinois interpusieron una demanda contra la Administración Trump por considerar el despliegue “manifiestamente inconstitucional”. Pritzker acusó al presidente de “crear deliberadamente violencia y caos” con el fin de activar la Ley de Insurrección, mientras Trump respondió llamándolo “incompetente”.
El mandatario ya había evaluado esta medida en junio, durante las protestas en Los Ángeles, cuando argumentó que “los disturbios y sabotajes” justificaban un despliegue militar nacional. En aquel momento, las fuerzas armadas no participaron, pero la Casa Blanca mantuvo abierta la posibilidad de aplicar la norma, vigente desde 1807, que permite al presidente utilizar al Ejército en casos de desorden interno.
Jueces frenan parte de la estrategia federal
El periodista Jesús Esquivel advirtió en entrevista con Aristegui en Vivo que diversas cortes federales intentan impedir que el presidente abuse del poder ejecutivo “bajo el pretexto de mantener el orden”. Explicó que el pasado fin de semana se complicó la estrategia en ciudades como Chicago y Portland, donde jueces declararon ilegal la intervención federal.
En Oregón, incluso una jueza nominada por el propio Trump resolvió que “el presidente ha excedido su autoridad constitucional” al enviar 200 miembros de la Guardia Nacional de California a Portland. El fallo suspendió la transferencia al considerar que la medida “carece de sustento legal y amenaza la soberanía estatal”.
Según Esquivel, “han surgido algunos brotes de violencia que la Casa Blanca está exagerando en redes sociales”, lo que alimenta la narrativa de una supuesta insurrección. El periodista señaló que “el tono del gobierno federal es abiertamente militarista” y que asesores como Stephen Miller ya describen la operación como una “insurrección legal” ante “ataques terroristas internos” contra el Gobierno.
Acusan uso político de la seguridad nacional
Analistas en Washington interpretan la ofensiva como un intento del presidente de reforzar su control sobre los estados demócratas y proyectar autoridad de cara a las próximas elecciones. Los críticos sostienen que invocar la Ley de Insurrección sería un “precedente peligroso” que podría permitir al Ejecutivo utilizar las fuerzas armadas con fines políticos.
Mientras tanto, las tensiones aumentan en las ciudades intervenidas. En Chicago, un agente de inmigración disparó contra una mujer latina durante una redada. Aunque se dijo que portaba un arma, el expediente del FBI no lo confirma. La víctima fue hospitalizada y posteriormente detenida, lo que ha provocado nuevas protestas y cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza.
En medio de este clima, la Casa Blanca insiste en que sus medidas son necesarias “para proteger a los estadounidenses de amenazas terroristas internas”. Los gobernadores opositores replican que se trata, en realidad, de una “militarización del orden civil” que podría desatar una crisis constitucional sin precedentes.
También te puede interesar:
