El gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que limite las órdenes judiciales emitidas en tres estados que han bloqueado su plan para restringir la ciudadanía por nacimiento.
La administración de Trump presentó solicitudes de emergencia ante la Corte Suprema este jueves, argumentando que las restricciones deben entrar en vigor al menos parcialmente mientras se resuelven las disputas legales. Estas medidas fueron bloqueadas a nivel nacional por jueces de distrito en Maryland, Massachusetts y Washington. Sin embargo, tres cortes de apelaciones federales han rechazado las solicitudes de la administración, incluida una en Massachusetts el pasado martes 11 de marzo.
¿En qué consiste la orden ejecutiva?
La orden firmada por Trump establece que no se otorgará la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero si sus padres se encuentran en el país de manera ilegal. Además, prohíbe a las agencias gubernamentales emitir o aceptar documentos que reconozcan la ciudadanía de estos niños.
Al menos dos docenas de estados han interpuesto demandas en contra de la orden ejecutiva, argumentando que infringe la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense.
Por su parte, el Departamento de Justicia sostiene que los jueces individuales no deberían tener la autoridad para emitir fallos con aplicación nacional.
Argumentos de Trump ante la Corte
La administración Trump pide a la Corte Suprema que permita que su plan entre en vigor, con excepción del grupo de personas y organizaciones que han presentado demandas. Argumenta que los estados no tienen legitimación para impugnar la orden ejecutiva.
Como alternativa, la administración busca al menos la autorización para hacer anuncios públicos sobre la implementación de la política en caso de que la Corte eventualmente falle a su favor.
Cinco jueces conservadores, quienes conforman la mayoría en la Corte Suprema, han expresado preocupaciones previas sobre la aplicación de restricciones a nivel nacional. Sin embargo, hasta el momento, el tribunal no ha emitido un fallo definitivo sobre este tipo de medidas.
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