El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “victoria gigantesca” la decisión de la Corte Suprema que limita la capacidad de los jueces federales para bloquear de forma generalizada las decisiones del poder ejecutivo. La sentencia representa un respaldo clave a su estilo de gobierno, particularmente en medio de sus polémicas medidas sobre inmigración.
La resolución del máximo tribunal, aprobada con seis votos a favor y tres en contra —los de las juezas progresistas—, establece que las suspensiones de alcance nacional ordenadas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”. El dictamen fue redactado por la jueza Amy Coney Barrett, quien subrayó que “los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo”.
Trump celebró el fallo con entusiasmo desde su plataforma Truth Social: “¡VICTORIA GIGANTESCA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado”, escribió. Aunque la Corte aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre ese tema, el presidente aprovechó el momento para reforzar su postura migratoria.
La batalla por la ciudadanía por nacimiento
El origen del caso está vinculado al decreto firmado por Trump el 20 de enero —día de su investidura— que busca eliminar el principio de ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes en situación irregular o con permisos temporales, como solicitantes de asilo o poseedores de visas temporales.
Dicho principio está protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución, vigente desde hace más de 150 años, que establece que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana del país. El decreto fue suspendido de inmediato por tribunales federales en Maryland, Massachusetts y Washington, que lo consideraron inconstitucional.
Sin embargo, la administración Trump elevó el caso a la Corte Suprema al considerar que esos tribunales habían excedido su autoridad al bloquear el decreto a nivel nacional. La decisión del máximo tribunal no declara aún constitucional o inconstitucional el decreto, pero sí restringe el alcance con el que jueces de distrito pueden intervenir sobre medidas del poder ejecutivo.
Antecedentes del fallo y su alcance
El uso de órdenes judiciales universales se ha multiplicado en los últimos años, especialmente en contextos de gobiernos polarizantes. Tanto jueces demócratas como republicanos han recurrido a estas medidas para frenar políticas presidenciales. Sin embargo, la Corte ha señalado que esta práctica erosiona la separación de poderes.
Durante las audiencias orales en mayo, varios magistrados de ambos bloques ideológicos expresaron su preocupación por el creciente número de fallos con efecto nacional, que afectan decisiones antes de que el proceso judicial concluya. El fallo actual podría sentar precedente para reducir ese uso y reencauzar el papel de los tribunales hacia la resolución de casos concretos.
Para Trump, el impacto político del fallo es inmediato: lo presenta como un freno al “activismo judicial” que ha obstaculizado su agenda, sobre todo en materia migratoria. Para los críticos, en cambio, abre la puerta a una mayor concentración de poder en el Ejecutivo, con menos controles judiciales en tiempo real.
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