El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la designación del movimiento antifascista Antifa como “una gran organización terrorista”, describiéndola como un “desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo”. La medida se produce después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah.
Trump publicó en su cuenta de Truth Social que también recomendará investigar a quienes financien a Antifa “de acuerdo con los más altos estándares legales”. El mandatario enfatizó que cualquier acto de violencia atribuido a este movimiento será tratado con todo el peso de la ley, subrayando que la acción busca proteger a los ciudadanos estadounidenses durante su visita oficial al Reino Unido.
Dificultades legales y estructura descentralizada
Antifa es una red descentralizada de activistas que se identifican como anarquistas, anticapitalistas o comunistas. Carece de un liderazgo definido, lo que complica determinar quiénes serían los objetivos específicos de la designación. Trump ha acusado a esta red en varias ocasiones de incitar a la violencia, incluyendo los disturbios tras la muerte de George Floyd en 2020, y había manifestado previamente su intención de declararla como grupo terrorista, aunque expertos legales han señalado la dificultad de sancionar a un colectivo tan difuso.
Repercusiones tras el asesinato de Charlie Kirk
Desde el 10 de septiembre, Trump ha responsabilizado a la “izquierda radical” de la violencia política en el país. Tras el asesinato de Kirk, varias empresas y universidades han tomado medidas disciplinarias contra empleados y estudiantes que hicieron comentarios considerados inapropiados sobre el caso. Entre los sancionados se encuentran trabajadores de Nasdaq y Perkins Coie, así como un estudiante de la Universidad Estatal de Texas, expulsado por imitar el asesinato durante una vigilia.
La designación de Antifa también ha generado tensiones políticas. Legisladores republicanos han buscado sancionar y limitar la participación de representantes demócratas que criticaron al activista ultra en sus programas en línea o en eventos públicos, incluyendo confrontaciones con estudiantes de pensamiento liberal.
La medida marca un nuevo capítulo en la polarización política de Estados Unidos, donde la lucha entre grupos de extrema derecha y movimientos antifascistas ha intensificado el debate sobre seguridad, libertad de expresión y legalidad de sancionar colectivos descentralizados.
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