La administración del presidente Donald Trump planea implementar un polémico programa que dará dinero en efectivo a adolescentes migrantes no acompañados, bajo custodia federal, a cambio de que regresen voluntariamente a sus países de origen. El plan, revelado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), contempla pagos de 2 mil 500 dólares a los jóvenes que acepten salir de Estados Unidos tras la aprobación de un juez de inmigración. Organizaciones de derechos humanos advierten que la medida puede presionar a los menores a renunciar a solicitudes de asilo y otras protecciones legales.
Incentivos económicos para adolescentes migrantes
La iniciativa arrancará con jóvenes de 17 años, según una persona familiarizada con el programa. El incentivo se entregará cuando los menores lleguen a su país de origen, tras el visto bueno judicial. El HHS, que supervisa la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, explicó que el programa pretende dar opciones a niños que ingresaron sin sus familias y, en muchos casos, fueron llevados por traficantes.
Un portavoz oficial sostuvo que se trata de un mecanismo voluntario: “La idea es que los menores tengan la oportunidad de decidir si quieren regresar a casa después de haber sido introducidos en Estados Unidos sin elección propia”. El gobierno asegura que el esquema permite a los adolescentes tomar una decisión informada sobre su futuro.
Sin embargo, defensores de derechos humanos y abogados de inmigración temen que el plan se amplíe a menores de hasta 14 años. Argumentan que ofrecer dinero puede ser un factor de presión indebida, que los llevaría a desistir de solicitudes de asilo y a renunciar a protecciones legales que impiden su deportación antes de cumplir la mayoría de edad.
Reacciones de defensores y abogados
Wendy Young, presidenta de la organización Kids in Need of Defense (KIND), calificó el plan como un “abuso de poder escandaloso”. Señaló que “esta operación socava las leyes que garantizan el debido proceso para los niños no acompañados y va en contra del compromiso histórico de Estados Unidos de proteger a los más vulnerables —los niños— de la violencia, la trata, el abuso, la persecución y otros peligros graves”.
Young pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cancelar de inmediato el programa y garantizar que todos los menores bajo custodia tengan acceso a las protecciones establecidas por la ley. Otros activistas resaltaron que el contexto de vulnerabilidad de los niños hace cuestionable que realmente puedan decidir de manera libre y sin presiones.
Marco legal y situación de los menores en Estados Unidos
Los niños migrantes en Estados Unidos cuentan con mayores niveles de protección que los adultos. Existe un acuerdo judicial que limita el tiempo de detención de los menores y obliga al gobierno a garantizar condiciones adecuadas. Sin embargo, como los adultos, no tienen derecho automático a un abogado que los represente en los procesos migratorios, lo que incrementa su indefensión.
Hasta agosto, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS reportaba un promedio de 2 mil menores bajo su cuidado. Aunque las autoridades no han confirmado si el programa se ampliará, fuentes cercanas señalan que, de funcionar con adolescentes de 17 años, podría extenderse a otros grupos de edad en el futuro.
Las críticas subrayan que lo esencial no es ofrecer pagos, sino garantizar un debido proceso y representación legal, además de condiciones seguras mientras se resuelven los casos. El plan de Trump vuelve a colocar en el centro del debate las tensiones entre una política migratoria restrictiva y la obligación de proteger a los menores más vulnerables.
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