El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, presentó una propuesta para limitar la duración de los visados de estudiantes, visitantes de intercambio cultural y periodistas. El plan, publicado en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca establecer controles más estrictos en las estancias de quienes ingresan bajo los permisos F, J e I. De aprobarse, la medida impactará a millones de extranjeros y aumentará los costos para instituciones educativas y programas de intercambio en los próximos diez años.
Límites de tiempo para visas académicas y de prensa
La versión preliminar establece un máximo de cuatro años para titulares de visa F (estudiantes) y visa J (intercambio cultural), con la obligación de pedir extensiones si su programa académico excede ese plazo. En el caso de los periodistas con visa I, el límite sería de 240 días, prorrogables siempre que la actividad laboral continúe y la solicitud de extensión esté en curso.
En el documento se aclara que los trabajadores de medios provenientes de China tendrán una excepción: su permanencia se reduciría a 90 días, aunque también podrían prorrogar su estancia bajo condiciones más estrictas.
El DHS argumenta que la intención es reforzar los mecanismos de control migratorio y tener mayor seguimiento de los extranjeros que permanecen en el país por motivos académicos o laborales vinculados a medios de comunicación.
Condiciones más restrictivas para estudiantes internacionales
Las nuevas reglas plantean un recorte significativo en los beneficios actuales. Por ejemplo, los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de área de estudios mientras se encuentren con visa F. Además, dispondrán únicamente de 30 días para abandonar Estados Unidos tras finalizar su formación, cuando actualmente cuentan con 60.
Para quienes ingresen en programas de aprendizaje de inglés, el tiempo máximo de permanencia sería de 24 meses, un límite que, según académicos y expertos en educación internacional, podría desincentivar la llegada de alumnos extranjeros a centros especializados.
El DHS calcula que, durante la próxima década, tanto solicitantes como universidades y programas de intercambio enfrentarán costos adicionales. La cifra proyectada oscila entre 390.3 y 392.4 millones de dólares anuales, dependiendo de la tasa de descuento aplicada.
La iniciativa entrará en un periodo de consulta pública de 30 días en el que podrán presentarse comentarios antes de que se decida si avanza. No obstante, la administración de Trump ha mostrado firmeza en su intención de llevar a cabo un control más riguroso de los visados.
Antecedentes de la medida
En 2020, al cierre de su primer mandato, Donald Trump presentó una propuesta similar que no prosperó debido al fin de su periodo y al cambio de administración. Su sucesor y predecesor, Joe Biden, no continuó con la iniciativa.
Ahora, con el regreso de Trump a la presidencia, la Casa Blanca retoma la idea como parte de una estrategia más amplia. Apenas la semana pasada, la administración inició un proceso de revisión de más de 55 millones de personas con visas activas, con el fin de detectar posibles violaciones que deriven en revocaciones o deportaciones.
La medida ha generado preocupación entre estudiantes extranjeros, periodistas y universidades que ven en estas restricciones un golpe a la movilidad académica, la libertad de prensa y el atractivo internacional de las instituciones estadounidenses.
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