El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegando una “toma hostil” de la Policía de la capital. Según Schwalb, las acciones del Gobierno federal exceden los límites de la Ley de Autonomía (Home Rule Act) y ponen en riesgo la seguridad y el derecho del Distrito a autogobernarse.
Detalles de la demanda
La acción legal ocurre tras la orden firmada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, designada por Trump, para nombrar a Terry Cole, director de la DEA, como comisario de emergencia de la Policía de Washington D.C. Schwalb afirmó que la administración está abusando de su autoridad temporal y limitada, calificando la medida como la amenaza más grave a la autonomía que ha enfrentado la ciudad.
El fiscal solicita a un juez federal que declare inconstitucionales las acciones de Trump y Bondi y bloquee cualquier intento de tomar control de la Policía capitalina. Además, busca asegurar que la alcaldesa Muriel Bowser y la jefa de Policía, Pamela Smith, mantengan el control de las fuerzas del orden.
Reacciones locales y federales
Bowser se unió a Schwalb para calificar de “ilegal” el nombramiento de Cole y señaló que no acatarían la orden de Bondi. Por su parte, Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” el lunes, activando a unas 800 tropas de la Guardia Nacional y tomando control de la Policía Metropolitana, argumentando que era necesario para “restablecer el orden público” ante la supuesta ola de delitos.
Las autoridades locales rechazaron estas afirmaciones, señalando que, según las cifras oficiales, los crímenes han disminuido desde el repunte de 2023. El mandatario anunció su intención de extender el control federal más allá de los 30 días que permite la ley para enfrentar el delito.
Expertos legales han advertido que la disputa podría marcar un precedente importante sobre la autonomía de Washington D.C. y el límite del poder presidencial en ciudades con gobierno autónomo. La demanda subraya la tensión entre el Ejecutivo federal y las autoridades locales, en un momento de alta polarización política.
Confrontación entre administración federal y gobiernos autónomos
Analistas políticos destacan que esta disputa refleja una creciente confrontación entre la administración federal y las ciudades con gobiernos autónomos, un conflicto que podría escalar en otras jurisdicciones de Estados Unidos. La interpretación de la Home Rule Act y su aplicación ante la emergencia declarada serán elementos clave en la resolución judicial.
La ciudadanía se mantiene atenta a los avances de la demanda, ya que la posible intervención federal en la policía local podría afectar la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones. Organizaciones civiles han manifestado su preocupación sobre los límites del poder ejecutivo y la protección de los derechos locales.
Además, el caso genera un debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por la administración federal frente a las cifras de criminalidad locales, poniendo en evidencia la necesidad de coordinación entre autoridades federales y locales para garantizar la seguridad sin vulnerar la autonomía de los distritos.
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