A partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil que operan en México deberán estar obligatoriamente asociadas a una persona física o moral, como parte de un nuevo padrón nacional anunciado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La medida busca eliminar el anonimato en el uso de celulares, bajo el argumento de que este vacío ha facilitado la comisión de delitos como extorsiones, fraudes y secuestros telefónicos, un problema persistente en el país.
La CRT informó mediante un comunicado que el nuevo esquema obligará a las empresas de telefonía a identificar plenamente a los titulares de cada línea activa, tanto en planes de prepago como de pospago. El objetivo central, según la autoridad, es cerrar espacios a la delincuencia organizada y mejorar la trazabilidad de las comunicaciones móviles sin modificar, al menos en el discurso oficial, el marco de protección de datos personales.
La regulación establece que las personas físicas deberán presentar una identificación oficial vigente, como credencial para votar o pasaporte, además de su Clave Única de Registro de Población (CURP). En el caso de las personas morales, el requisito será el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con lo que cada línea quedará vinculada a una entidad jurídica plenamente identificable.
Desde la perspectiva del gobierno federal, el padrón no implica una base de datos central administrada por el Estado, sino un sistema descentralizado bajo resguardo de las propias compañías telefónicas. La CRT subrayó que la información recopilada será protegida “tal como hoy ocurre con los servicios de pospago”, y que deberá cumplirse con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Un viejo debate que vuelve al centro
El anuncio revive un debate que México ya enfrentó hace más de una década. En 2009 se implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), el cual fue eliminado en 2011 tras múltiples cuestionamientos sobre su eficacia, fallas en la protección de datos y presunto uso indebido de la información. Diversos estudios demostraron entonces que la delincuencia no disminuyó y que, en algunos casos, las bases de datos terminaron filtradas en el mercado negro.
Ahora, la autoridad sostiene que el nuevo padrón aprende de esos errores. A diferencia del Renaut, no habrá una sola base concentrada en el gobierno, sino obligaciones directas para las empresas concesionarias. Sin embargo, especialistas en privacidad y derechos digitales advierten que el riesgo persiste, sobre todo en un contexto donde las filtraciones de datos personales se han vuelto frecuentes tanto en el sector público como en el privado.
El comunicado oficial no detalla sanciones específicas para los usuarios que no regularicen su línea antes de la fecha límite, aunque se prevé que las compañías puedan suspender o cancelar los servicios que no cumplan con la identificación requerida. Tampoco se aclara cómo se verificará la autenticidad de los documentos presentados, ni qué mecanismos existirán para auditar el correcto resguardo de la información.
Impacto para millones de usuarios
En México operan más de 130 millones de líneas móviles, la mayoría bajo esquemas de prepago. Para millones de usuarios, el nuevo padrón implicará un trámite adicional para conservar su número telefónico. Organizaciones civiles señalan que esto podría afectar de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad, migrantes o habitantes de comunidades rurales que no cuentan fácilmente con documentación oficial.
Desde el sector empresarial, las compañías telefónicas deberán invertir en sistemas de verificación, almacenamiento seguro de datos y procesos de atención a usuarios, lo que podría trasladarse a mayores costos operativos. Hasta ahora, la CRT no ha precisado si habrá apoyos, plazos escalonados o lineamientos técnicos adicionales para la implementación.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que la medida es necesaria para combatir delitos de alto impacto. La discusión de fondo, sin embargo, sigue abierta: si la identificación obligatoria realmente reduce la criminalidad o si, una vez más, el peso recae en los usuarios sin atacar las estructuras delictivas.
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