“¡Asesino, asesino!”, gritaron cientos de personas cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, llegó al funeral del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en pleno evento de Día de Muertos. La multitud, entre lágrimas y rabia, convirtió la despedida en un acto de protesta contra la violencia política y la indiferencia del Estado.
Funeral convertido en reclamo público
El cuerpo de Carlos Manzo fue velado entre coronas de flores y velas en la plaza principal de Uruapan, el mismo sitio donde fue atacado a tiros. Cuando Ramírez Bedolla intentó pronunciar unas palabras, los asistentes lo abuchearon y exigieron justicia. “¡Nos fallaste!”, gritaban vecinos, comerciantes y familiares del alcalde, quienes recordaron que Manzo había denunciado amenazas previas ante el gobierno estatal y federal sin recibir protección.
El ambiente de indignación fue total. Las pancartas con frases como “Gobernador ausente” y “Justicia para Manzo” resumieron el sentimiento de abandono. Para muchos ciudadanos, el asesinato del alcalde no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un sistema de seguridad fallido que ha dejado vulnerables a los servidores públicos en regiones dominadas por el crimen organizado.
La omisión que se volvió tragedia
Carlos Manzo, considerado un funcionario cercano a la gente, había impulsado medidas de transparencia y combate a la corrupción en Uruapan. Según allegados, esas acciones lo pusieron en la mira de grupos delictivos. Su asesinato revela las grietas de un Estado incapaz de garantizar la vida incluso a sus propios representantes.
Durante los últimos tres años, México ha registrado más de veinte asesinatos de alcaldes y exalcaldes, de acuerdo con observatorios civiles. Michoacán, Guerrero y Veracruz concentran la mayoría de los casos, lo que refleja un patrón de riesgo creciente en zonas donde los gobiernos locales enfrentan presiones del crimen.
El abucheo a Bedolla refleja más que enojo momentáneo: es una señal de hartazgo social hacia las autoridades que minimizan la violencia y niegan su responsabilidad. En palabras de un habitante presente en el funeral, “no fue un ataque contra el gobernador, fue contra la indiferencia”.
Silencio oficial y desconfianza ciudadana
Mientras el gobierno estatal llamó a “no politizar la tragedia”, la ciudadanía respondió con desconfianza. En redes sociales, la indignación se extendió. Dirigentes de oposición acusaron a las autoridades de negligencia. “Manzo pidió ayuda y lo ignoraron”, escribió un senador local.
El vocero del PAN en el Estado de México, Miguel de Samaniego, reaccionó al hecho con un mensaje contundente: “Es increíble que en México sigan matando a los gobernantes que hacen bien las cosas. Este crimen muestra el fracaso del gobierno federal y estatal en materia de seguridad”.
El asesinato de Carlos Manzo vuelve a colocar a Michoacán en el centro del debate sobre violencia política. El eco de los gritos en su funeral —“asesino, asesino”— se convirtió en una advertencia: el pueblo está cansado de promesas vacías y exige justicia real.
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