El uso de drones armados para atacar instalaciones de procuración de justicia en Playas de Tijuana marcó un hecho sin precedentes en Baja California, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que tres artefactos explosivos hechizos impactaron el patio de la unidad antisecuestros. La fiscal María Elena Andrade Ramírez descartó que la agresión tuviera como objetivo a la población civil y confirmó que no hubo personas heridas, aunque sí daños en vehículos oficiales y particulares. La investigación se realiza bajo la figura penal de terrorismo, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones federales, quienes recaban evidencia y analizan la posible vinculación con ataques previos contra la institución.
Artefactos detonados mediante drones y daños materiales
El ataque ocurrió a las 19:06 horas del 15 de octubre en la sede de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, ubicada en avenida El Picacho, colonia Playas de Tijuana. Personal que llegaba de audiencias y quienes realizaban labores de gabinete presenciaron la caída de los explosivos. Según Andrade Ramírez, los dispositivos eran botellas de plástico llenas de pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos, colgadas a drones operados a distancia.
Las explosiones no provocaron incendios ni pérdidas humanas, pero causaron daños en tres vehículos particulares y uno oficial, generando orificios en láminas y vidrios laterales y traseros. La fiscal detalló que se descartaron disparos de arma de fuego por parte de los agresores; cualquier detonación posterior fue preventiva por agentes de seguridad ante un dron sobrevolando la zona, sin confirmarse aún su origen.
Investigación bajo la figura de terrorismo y antecedentes delictivos
Andrade Ramírez destacó que es la primera vez que se documenta el uso de drones para un ataque directo contra la FGE en la entidad. Los artefactos podían transportarse varios kilómetros antes de ser detonados, lo que evidencia planificación y recursos por parte de los responsables. La fiscal enfatizó que los atentados podrían estar relacionados con recientes detenciones de líderes y miembros de células del crimen organizado, así como con la presión generada por investigaciones de homicidios y secuestros de alto impacto.
El Ministerio Público mantiene la coordinación con la FGR y corporaciones federales para procesar evidencia y no descarta que los agresores tengan vínculos con ataques previos contra la fiscalía. Andrade Ramírez explicó que la ausencia de presencia física de los atacantes representa un reto adicional, ya que el uso de drones limita la identificación de vehículos, placas o rostros, pero reafirmó: “Contamos con tecnología y recursos para dar seguimiento a los hechos. Nuestro compromiso es que este ataque cobarde no quede impune”.
Medidas de seguridad
El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta a sus ciudadanos tras el ataque, mientras la FGE implementó medidas adicionales de vigilancia. La titular de la fiscalía subrayó que los ejercicios de seguridad y las acciones de inteligencia continuarán reforzando la protección de instalaciones y personal, destacando que la agresión fue precisa, dirigida exclusivamente al patio de la unidad y no buscó afectar la zona residencial cercana ni la franja fronteriza.
Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para identificar a los responsables y evitar que hechos similares se repitan, en un contexto donde la violencia contra instancias de procuración de justicia ha ido en aumento en Baja California durante los últimos meses.
También te puede interesar: Reforma fiscal divide al Congreso: Diputados aprueban mayor poder al SAT y vigilancia sobre plataformas digitales
