Entre septiembre de 2016 y noviembre de 2025, autoridades mexicanas identificaron a más de 34 mil personas que permanecían como desconocidas en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) del país, como resultado del cruce de datos biométricos del Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) con registros forenses y de búsqueda. El avance ocurre en un contexto marcado por la crisis de desapariciones en México y representa uno de los esfuerzos institucionales más amplios para reducir el rezago en la identificación de cuerpos.
De acuerdo con información difundida por autoridades y retomada por medios nacionales, este mecanismo permitió resolver alrededor del 35 % de las solicitudes presentadas por fiscalías y comisiones de búsqueda. En términos absolutos, de un total de 98 mil 703 solicitudes de confronta biométrica, 34 mil 612 arrojaron al menos un registro útil que pudo contribuir a procesos de identificación.
Cruce de biométricos y cooperación institucional
El procedimiento se basó principalmente en la comparación de huellas dactilares y otros datos biométricos contenidos en el Padrón Electoral del INE con información recabada por servicios forenses estatales y federales. Esta labor fue posible gracias a la firma de más de 40 convenios de colaboración entre el Instituto, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), comisiones estatales de búsqueda, la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías locales.
Las autoridades involucradas señalaron que estos acuerdos permiten compartir información bajo parámetros legales y técnicos definidos, con el objetivo de facilitar la identificación de personas fallecidas no reclamadas o de aquellas reportadas como desaparecidas. El INE, sin embargo, ha subrayado que su intervención se limita a la confronta de datos, ya que la confirmación final de identidad corresponde a otras instancias.
Según el propio Instituto, una identificación solo se considera plenamente concluida cuando las fiscalías o comisiones de búsqueda logran contactar a familiares o personas cercanas que confirmen la identidad del cuerpo y se completan los procedimientos legales correspondientes. Por esta razón, el INE no cuenta con cifras exactas sobre cuántos de los cruces exitosos derivaron en entregas formales de restos o en cierres definitivos de carpetas de desaparición.
Dimensión de la crisis de desapariciones
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta que, hasta el 12 de diciembre de 2025, 133 mil 555 personas continúan sin ser localizadas en México. Esta cifra refleja una tendencia que se intensificó a partir de 2006, con el aumento de la violencia asociada a la estrategia federal de seguridad conocida como la “guerra contra el narcotráfico”.
Especialistas y organizaciones civiles han advertido que la saturación de los Semefos y la falta de identificación de miles de cuerpos profundizan el sufrimiento de las familias y dificultan el acceso a la verdad y la justicia. En ese contexto, el uso de bases de datos biométricos se ha convertido en una herramienta clave, aunque no exenta de retos técnicos, legales y éticos.
Plataforma Única de Identidad y nuevas herramientas
Como parte de los esfuerzos para enfrentar esta problemática, en julio de 2025 se creó por decreto la Plataforma Única de Identidad. Este sistema busca integrar registros federales, estatales y, en determinados casos, información relevante del ámbito privado, como datos de servicios financieros, telecomunicaciones, transporte, salud, educación y registros laborales.
El objetivo de la plataforma es agilizar la localización de personas desaparecidas y la identificación de personas no reconocidas, siempre que la consulta de estos datos sea necesaria para investigaciones en curso. Reformas publicadas este año en el Diario Oficial de la Federación a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y a la Ley General de Población habilitaron este intercambio de información, ampliando el alcance más allá del sector público.
No obstante, persisten limitaciones. Hasta ahora, 23 estados no han firmado los convenios de colaboración necesarios, lo que reduce la cobertura nacional del sistema y genera brechas en el acceso a la información. A ello se suma la falta de capacidades técnicas homogéneas entre entidades.
En paralelo, instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana impulsan el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a la identificación humana, como el análisis de tatuajes y el reconocimiento facial. Estas herramientas podrían comenzar a utilizarse de manera más amplia a partir de 2026, como complemento a los métodos tradicionales.
Pese a los avances reportados, autoridades y expertos coinciden en que la identificación de más de 34 mil personas, aunque relevante, es solo un paso frente a la magnitud del problema. La coordinación interinstitucional, la firma de convenios pendientes y el fortalecimiento de los servicios forenses siguen siendo elementos centrales para atender una crisis que continúa abierta.
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