El Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, una norma que reconoce el derecho de las menores víctimas de violación a acceder a un aborto seguro, gratuito y sin criminalización. Con esta medida, el estado busca enfrentar la grave incidencia de embarazos infantiles y adolescentes, una problemática asociada en gran parte a la violencia sexual y a la falta de atención institucional.
Una decisión histórica con enfoque de género y derechos humanos
Durante la sesión ordinaria del Congreso local, la iniciativa fue avalada con 31 votos a favor, dos en contra, dos abstenciones y cinco ausencias. La diputada Alejandra Gómez Mendoza presidió la sesión, mientras diversas legisladoras subrayaron que “el embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito”.
La nueva legislación obliga a las instituciones del Sistema Estatal de Salud a garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación, y a notificar de inmediato a las autoridades correspondientes para que se investiguen los hechos. Además, ordena la creación de protocolos de atención médica con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, así como la capacitación obligatoria del personal de salud.
“El objetivo es brindar atención médica digna, segura y gratuita a las niñas y adolescentes que hayan sido violentadas sexualmente, sin discriminación y sin criminalización”, señaló el boletín oficial del Congreso chiapaneco.
Chiapas, primer lugar nacional en embarazos infantiles
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos infantiles y el segundo en embarazo adolescente en todo México. Cada año se registran más de mil partos en niñas menores de 15 años y, en promedio, un embarazo infantil diario. La mayoría de los casos están relacionados con abusos sexuales dentro del entorno familiar o comunitario.
Entre enero y agosto de 2025, los delitos de pederastia, violación y estupro contra menores aumentaron 12 por ciento respecto al mismo periodo de 2023. Esta tendencia, según los legisladores locales, justificó la necesidad urgente de una legislación que priorice la salud y la vida de las menores.
La diputada Marcela Castillo subrayó que la ley busca “proteger el interés superior de la niñez” y asegurar que las víctimas puedan acceder a procedimientos médicos seguros, sin temor a represalias ni a estigmatización social.
Implementación gradual y vigilancia sanitaria
La Secretaría de Salud de Chiapas tendrá 180 días hábiles para emitir el reglamento que asegure la aplicación efectiva de la ley. Este documento deberá incluir criterios de atención diferenciada para poblaciones indígenas, rurales y en situación de pobreza, sectores donde las barreras lingüísticas y culturales dificultan el acceso a servicios médicos.
La norma contempla además la creación de un sistema de registro confidencial sobre los casos atendidos, así como la supervisión de los hospitales públicos y centros comunitarios. Organizaciones de la sociedad civil celebraron la medida, al considerarla un paso significativo hacia la garantía del derecho a decidir y la erradicación de la violencia sexual infantil.
Diversos colectivos feministas destacaron que Chiapas se suma así a entidades como Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Baja California, donde ya existen marcos normativos que permiten la interrupción del embarazo bajo causales específicas o por decisión de la mujer.
El reto, advirtieron, será que la norma no quede en papel. “Aprobar la ley es solo el primer paso; ahora el gobierno debe asegurar hospitales, médicos capacitados y protocolos reales”, señaló el grupo Justicia para las Niñas.
Con esta reforma, Chiapas se coloca a la vanguardia en el sur del país en materia de derechos reproductivos y protección a menores de edad.
También te puede interesar: Exención de impuestos a FIFA fue firmada con Peña Nieto, aclara Sheinbaum
