El choque entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego escaló tras la petición del empresario de abrir una mesa de diálogo para que sus compañías paguen lo que él considera “justo” en materia de impuestos. La mandataria federal respondió con firmeza desde Palacio Nacional: “Habrá diálogo, pero negociación de la ley, nunca”.
Durante su conferencia mañanera del pasado viernes, Sheinbaum recordó que los adeudos fiscales se determinan conforme a la ley y subrayó que no existen acuerdos “en lo oscurito” con grupos empresariales. “Es un asunto de ley, no de negociación”, dijo.
La presidenta resaltó que al asumir el cargo juró hacer cumplir la Constitución. Además, señaló que en regímenes anteriores, como el de consolidación fiscal, se permitió que grandes empresas evadieran impuestos bajo mecanismos legales, una práctica que aseguró ya no tendrá cabida en su gobierno.
El pronunciamiento surgió después de un comunicado emitido por Grupo Salinas, en el que se evidencian las tensiones con el Ejecutivo por los adeudos que mantiene con el fisco. Sheinbaum fue clara: el conglomerado empresarial, al igual que cualquier contribuyente, puede ejercer los recursos legales previstos en la Constitución y el Código Fiscal, incluyendo la posibilidad de reducir multas y recargos siempre y cuando se cumpla con el pago de base.
Un litigio millonario y un proceso internacional
“El tiempo de negociar qué sí y qué no ya quedó atrás. Como decía Juárez: nada ni nadie por encima de la ley”, concluyó la mandataria, reafirmando que el Estado de derecho aplica por igual a todos.
El gobierno federal reclama más de 74 mil millones de pesos al empresario, cifra que forma parte de varios litigios pendientes por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En paralelo, esta semana trascendió que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar su detención. El proceso judicial abierto en ese país deriva de impuestos no cubiertos por la venta de su negocio de telecomunicaciones a AT&T en 2014.
El enfrentamiento marca un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno federal y el dueño de TV Azteca, quien insiste en que se busca un trato equitativo, mientras la presidencia insiste en que el pago debe ceñirse a lo establecido en la ley.
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