La desaparición de personas, incluyendo la desaparición forzada, continúa siendo una de las crisis más graves de derechos humanos en México. Así lo advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un reciente informe, donde destaca el impacto devastador que este fenómeno tiene sobre las víctimas y sus familias, quienes enfrentan sufrimiento prolongado, deterioro de salud y afectaciones económicas.
A pesar de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano y los avances legislativos —como la promulgación en 2017 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas—, el problema persiste como un desafío estructural, afectado por la falta de recursos, la débil implementación institucional y la ausencia de voluntad política.
Falta de datos confiables y debilidad institucional
Uno de los mayores obstáculos que subraya la CNDH es la inexistencia de una base de datos nacional sólida sobre personas desaparecidas, lo cual dificulta la localización, identificación y el acceso a la justicia. Además, las instituciones responsables de investigar estos casos han mostrado resultados limitados, lo que profundiza la crisis y la impunidad.
Aunque México ratificó instrumentos como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (2002) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas (2008), aún no reconoce la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, órgano creado para supervisar su cumplimiento. La CNDH insiste en que esta aceptación podría mejorar significativamente la atención del problema.
El informe también expone la dramática dimensión de esta crisis mediante el hallazgo de fosas clandestinas. Entre 2007 y 2016, se localizaron 855 fosas en las que se exhumaron más de 1,548 cadáveres y 35 mil restos humanos. Además, un muestreo hemerográfico identificó otras 1,143 fosas, con 3,230 restos exhumados, en su mayoría descubiertos por colectivos de familiares de desaparecidos, que han asumido tareas de búsqueda ante la inacción oficial.
Recomendaciones clave para enfrentar la crisis
La CNDH presentó 102 propuestas dirigidas a los tres niveles de gobierno, destacando como medidas prioritarias:
- Implementar el Protocolo Homologado de Búsqueda e Investigación.
- Fortalecer las fiscalías especializadas y dotarlas de recursos suficientes.
- Emitir la legislación pendiente en materia de Declaración Especial de Ausencia.
- Crear un registro nacional de personas desaparecidas y fallecidas no identificadas.
- Fortalecer los mecanismos de identificación humana.
- Garantizar el acceso a la justicia y reparación integral del daño.
Estas acciones fueron reconocidas como urgentes por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado la necesidad de atender de manera inmediata los pendientes en esta materia.
Finalmente, la comisión hizo un llamado contundente a las autoridades para redoblar esfuerzos en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño, trabajando en conjunto con colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil. Advirtió que, si no se generan las condiciones necesarias para atender esta crisis, la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho seguirá debilitándose, perpetuando la impunidad y el sufrimiento de miles de familias mexicanas.
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