La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco ya las autoridades estatales y federales para garantizar la preservación del rancho Izaguirre en Teuchitlán, tras la irrupción de periodistas y colectivos de madres buscadoras durante un recorrido oficial.
Preocupación por posibles alteraciones de la escena
En un comunicado, la CNDH criticó que durante la diligencia del 20 de marzo, decenas de personas ingresaron al inmueble mientras aún se realizaban investigaciones, lo que pudo haber comprometido la recolección de indicios y pruebas. La comisión enfatizó la importancia de proteger los hallazgos en este sitio, identificado como un presunto crematorio clandestino del crimen organizado.
Desde el 19 de marzo, visitadores y peritos de la CNDH han realizado observaciones en el lugar en coordinación con la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, el organismo alertó que el cerco de protección estaba vulnerado, permitiendo el acceso de aproximadamente 200 personas, incluidos 67 medios de comunicación.
Exigencia de apego a protocolos
La CNDH recordó que el resguardo del rancho debe realizarse conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas. También advirtió sobre el riesgo de revictimización debido a la difusión de información alarmista, lo que podría afectar la investigación ya los familiares de personas desaparecidas.
Asimismo, el organismo instó a garantizar la cadena de custodia de las evidencias para que puedan ser utilizadas en procesos judiciales. Pidió que la participación de familiares en la investigación se realice dentro del marco legal, asegurando tanto el acceso a la justicia como la transparencia en el caso.
Importancia de la coordinación y transparencia
La CNDH destacó la necesidad de acciones coordinadas entre las autoridades y las organizaciones civiles para esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan. Subrayó que la mejor forma de hacer justicia es respetando el debido proceso y garantizando que la información recopilada sea válida ante la ley.
El organismo concluyó que la transparencia en este caso es clave para asegurar que se deslinden responsabilidades y se avance en la lucha contra la desaparición forzada en México.
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