Familiares de desaparecidos reconocieron que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio un paso inédito al admitir que las desapariciones ligadas al crimen organizado son forzadas, pero advirtieron que el lenguaje militar del gobierno sigue reproduciendo la impunidad y la negación del problema.
SRE admite vínculo con el Estado, pero colectivos rechazan lenguaje de “combate”
Colectivos y familiares de personas desaparecidas en México celebraron que la SRE reconociera oficialmente que muchas desapariciones relacionadas con el crimen organizado deben considerarse desapariciones forzadas, al existir aquiescencia o participación del Estado. Para las víctimas, ese reconocimiento marca un cambio importante respecto a la narrativa que, por años, negó la responsabilidad indirecta del gobierno.
“El Estado finalmente admite que las desapariciones perpetradas por agentes no estatales son forzadas cuando hay apoyo o tolerancia oficial”, señalaron las organizaciones firmantes del comunicado emitido tras la declaración de la Cancillería el pasado 23 de octubre.
Sin embargo, los colectivos cuestionaron el uso de la palabra “combate” dentro del documento de la SRE, que al referirse a la desaparición de personas afirmó: “es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”. Para las familias, ese término resulta inapropiado y peligroso.
“Hablar de ‘combate’ traslada la idea de guerra y militarización al terreno de los derechos humanos”, explicaron. Argumentaron que este tipo de lenguaje distorsiona la seguridad pública y normaliza la participación castrense en funciones civiles, una estrategia que —aseguran— ha fracasado durante décadas.
Las organizaciones recordaron que, pese a los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, la militarización continúa. Recordaron que la Guardia Nacional fue integrada formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que profundiza la tendencia a resolver los problemas de seguridad mediante la fuerza armada.
La impunidad sigue siendo “casi absoluta”
Los colectivos citaron las cifras del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, que calificó de “casi absoluta” la impunidad en México. Entre 2017 y enero de 2025, solo se registraron 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares, frente a más de 133 mil personas desaparecidas reconocidas oficialmente.
“Más de 40 desapariciones ocurren cada día, sin que el Estado implemente una política real de prevención ni abandone el modelo militar”, enfatizaron.
El comunicado también criticó que la SRE haya rechazado las afirmaciones del CED, al calificarlas de “carentes de sustento”. Para las familias, esa posición representa una negación de la crisis. “Negar el problema impide resolverlo. La evidencia contradice al gobierno: las desapariciones crecen, y la impunidad se mantiene”, advirtieron.
Colaboración con la ONU en lugar de descalificación
Los firmantes insistieron en que el Estado mexicano debería colaborar con el Comité de la ONU, en lugar de descalificarlo. “La cooperación internacional no es una amenaza, sino una oportunidad para construir verdad y justicia”, añadieron.
Las organizaciones llamaron a Sheinbaum a abandonar el enfoque bélico de la seguridad pública y sustituirlo por una estrategia de búsqueda y justicia civil, centrada en las víctimas. “Hablar de paz no es suficiente mientras las desapariciones aumentan y los militares siguen ocupando tareas civiles”, concluyeron.
La SRE no ha emitido hasta ahora una respuesta a las observaciones de los colectivos, aunque fuentes diplomáticas reconocieron que la Cancillería “revisará el lenguaje” de futuros comunicados sobre el tema.
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