El gobierno de la Cuarta Transformación (4T) marcó un periodo complejo para el sector de la construcción en México. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la inversión pública insuficiente y la desconfianza hacia las constructoras privadas fueron factores que impactaron significativamente en la actividad industrial.
Según datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del INEGI, la actividad del sector construcción fue 4.5% inferior en comparación con el sexenio anterior, un descenso marcado por eventos clave y decisiones estratégicas.
Impacto de la pandemia y megaobras estratégicas
La crisis sanitaria por el Covid-19 fue un factor determinante en el desarrollo de la construcción. Aunque las megaobras como la Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya no se detuvieron, sus beneficios no se reflejaron ampliamente en el sector privado, limitándose a un número reducido de firmas, como Mota Engil, ICA, Grupo Indi y Operadora CICSA.
Cancelación del Aeropuerto de Texcoco: el primer golpe
La cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco en octubre de 2018 marcó un hito en el sector. Argumentando sobrecostos, retrasos y daños ecológicos, la decisión afectó a grandes constructoras como GIA+A y La Peninsular, que se reorientaron hacia proyectos privados ante la disminución de obras públicas.
Un cambio en la narrativa gubernamental
Durante su mandato, López Obrador reiteró su desconfianza hacia las constructoras, acusándolas de corrupción y deficiencias. Este discurso deterioró la relación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cuyos representantes intentaron sin éxito mejorar la percepción del sector.
En respuesta, el presidente otorgó un papel protagónico a los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargados de obras como hospitales, sucursales del Banco del Bienestar y tramos del Tren Maya.
Menos constructoras y retos adicionales
Según Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC, el número de constructoras afiliadas disminuyó de 10,500 en 2018 a 9,000 en 2024, aunque esta reducción no necesariamente indica cierres definitivos. Las condiciones laborales adversas, la informalidad y la falta de modernización de equipos son problemas recurrentes que afectan la competitividad del sector.
Además, el incremento en los precios de materiales, el robo de maquinaria y la extorsión por parte del crimen organizado agravan la situación, dificultando el desarrollo sostenible de la industria.
Hacia una democratización de la infraestructura
Adolfo Zagal, socio de GEA Infraestructura, subrayó la necesidad de democratizar la inversión pública. Propuso diversificar los proyectos más allá de las obras prioritarias, enfocándose también en áreas como telecomunicaciones, vivienda, salud, educación y transporte.
Asimismo, destacó la importancia de priorizar el mantenimiento de infraestructuras existentes para evitar elevados costos futuros.
Nuevas oportunidades para la inversión privada
El cierre del sexenio dejó ejemplos de oportunidades para la participación privada. Empresas como Mota Engil han ampliado su presencia en México mediante proyectos como el Trolebús Chalco-Santa Martha, el desarrollo en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y contratos con Pemex para construir plantas de fertilizantes.
En el contexto del Tren Maya, Joao Pedro Parreira, director de Mota Engil para América Latina, destacó su relevancia como un eje de justicia y un modelo para el sistema ferroviario en la región.
Optimismo hacia el futuro
Con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum, líderes del sector como Luis Méndez Jaled ven con optimismo un cambio en la narrativa. La apertura hacia la inversión privada y el desarrollo de infraestructura estratégica prometen un escenario más inclusivo y dinámico para la industria de la construcción en México.
