El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, alertó sobre los riesgos de compartir información del padrón electoral con el Gobierno federal para la integración de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Señaló que el INE no tiene autorización para entregar estos datos y cuestionó la viabilidad de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Riesgos de mezclar bases de datos
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Córdova expresó su preocupación por la intención de incluir fotografías y huellas digitales en la CURP, argumentando que la medida no garantiza una solución inmediata al problema de los desaparecidos. Señaló que la propuesta parece una reacción a la coyuntura y no una estrategia bien planeada.
«Tener una base de datos de identidad que se mezcle con una de apoyos sociales puede generar sospechas de uso político», afirmó. Además, cuestionó que el INE, que resguarda la base de datos biométricos más segura del país, pueda verse presionado para ceder información sin contar con la autorización de los ciudadanos.
Explicó que el INE ya colabora con instancias de desaparecidos mediante un protocolo de identificación de huellas dactilares sin vulnerar la privacidad de los ciudadanos. «El INE no puede entregar los datos de las personas debido a la protección de datos, a menos que haya un dictamen forense o una orden judicial», puntualizó.
Falta de regulación y riesgos políticos
Córdova también alertó sobre el alto costo de crear una base de datos desde cero, que podría oscilar entre 60 y 70 mil millones de pesos. Propuso interconectar bases existentes, como las del INE, Hacienda, el IMSS y la SRE, en lugar de concentrarlas en una sola entidad.
Cuestionó que el proyecto se impulse tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que deja sin un órgano autónomo que garantice el resguardo de la información. «Ahora será el propio Gobierno quien administre esta base de datos sin supervisión externa», advirtió.
«Venganza política» en la UNAM
En otro tema, Córdova se pronunció sobre la condena contra el exrector de la UNAM, Enrique Graue, y el exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, quienes fueron sentenciados a pagar 15 millones de pesos por daño moral a la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Consideró que la decisión judicial responde a una «venganza política» y evidencia el uso del aparato de justicia con fines selectivos.
Según Córdova, la jueza Flor de María Hernández Mijangos tomó en cuenta un simple correo electrónico como prueba de daño moral, lo que califica de «ridículo». Advirtió que casos como este podrían volverse comunes con la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Sheinbaum. «Los jueces electos podrán responder a intereses políticos y no a la justicia», lamentó.
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