La implementación de la CURP biométrica, que entró en vigor el 16 de octubre, ha generado confusión entre los mexicanos sobre su obligatoriedad para trámites. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina que su uso es opcional: “La gente decide si da sus datos o no”. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) respaldó esta postura, enfatizando que nadie será obligado a registrar datos biométricos como huellas digitales o escaneo de iris. Sin embargo, el Artículo 91 Bis del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio establece que la CURP biométrica será “el documento nacional de identificación obligatorio” para trámites públicos y privados, generando un aparente conflicto en la narrativa oficial.
La nueva CURP, gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, incluye los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, datos personales, fotografía, firma electrónica y biometría avanzada. Su objetivo, según el DOF, es fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, con 114,000 casos reportados hasta 2024 por la CNB. Pero, ¿es realmente obligatoria?
Obligatoriedad en debate: Contradicciones legales y prácticas
El Artículo 91 Bis manda que “todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP” para servicios y trámites, con multas de 1.13 a 2.26 millones de pesos por incumplimiento. Esto sugiere que, aunque registrarse es opcional, no contar con la CURP biométrica podría limitar el acceso a servicios como banca, salud o trámites migratorios. La SEGOB aclaró a El Universal que la CURP tradicional seguirá siendo válida “por ahora”, pero el plazo de 90 días para que instituciones adopten el nuevo formato venció el 15 de octubre, forzando una transición acelerada.
En la práctica, dependencias como el SAT y el IMSS ya exigen la CURP para trámites clave, y la versión biométrica podría convertirse en un estándar de facto.
“Es opcional en teoría, pero sin ella, muchos servicios quedarán fuera de alcance”, advirtió Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en un tuit que alcanzó 10,000 interacciones.
Seguridad en cuestión: Riesgos de una base centralizada
La seguridad de la CURP biométrica es otro punto de controversia. El gobierno defiende una “infraestructura sólida” con cifrado avanzado y servidores protegidos. Sin embargo, R3D alerta que una base de datos centralizada con información de 130 millones de personas es un “imán para ciberataques”. Casos como la filtración de datos del INE en 2016, que expuso a 93 millones de votantes, refuerzan estas preocupaciones.
“El valor de datos biométricos es incalculable; un hack sería catastrófico”, señaló García a El Financiero.
La Agencia de Transformación Digital asegura que el sistema usa tecnología blockchain para proteger datos, pero expertos dudan de su implementación en un país con 1,200 ciberataques gubernamentales reportados en 2024. En X, #CURPBiométrica suma 50,000 menciones, con usuarios divididos entre quienes ven un avance y quienes temen vigilancia masiva.
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