Las autoridades arrestaron a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en la ciudad de Miami. La orden de captura fue emitida por las autoridades mexicanas dentro de las investigaciones por presunto desvío de recursos durante la pasada administración estatal.
La periodista Lourdes Mendoza informó que Maldonado Mendoza enfrenta acusaciones por desviar recursos en la construcción de cuarteles de la Guardia Civil en varios municipios de Michoacán. Su captura ocurrió junto con la de otros dos exfuncionarios del gobierno perredista: Mario Delgado Murillo, delegado administrativo, y Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo estatal.
Denuncias por desvío de más de 5 mil millones de pesos
El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha presentado múltiples denuncias ante la Fiscalía General de Michoacán y la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en la gestión de Aureoles Conejo. En total, se han registrado 15 denuncias por el desvío de 5 mil 186 millones de pesos, destinados principalmente a la construcción de cuarteles en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Zitácuaro y Uruapan.
Entre las principales anomalías detectadas en estas obras destaca el sobreprecio en la valuación de los inmuebles. De acuerdo con las investigaciones, una de estas instalaciones tuvo un avalúo inicial de 100 millones de pesos, pero el gobierno estatal reportó un costo de 900 millones de pesos.
Carlos Maldonado Mendoza es el primer funcionario de alto nivel del gobierno anterior que ha sido arrestado tras más de tres años de investigaciones. Las autoridades señalaron que las pesquisas continúan y que podrían realizarse más detenciones de excolaboradores de la administración de Silvano Aureoles.
El gobierno de Michoacán reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras tanto, los abogados de los exfuncionarios detenidos afirmaron que enfrentarán el proceso legal conforme a derecho y rechazaron las acusaciones en su contra.
Este caso forma parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción en la administración pública y recuperar los recursos desviados. La Fiscalía General de Michoacán continuará con las investigaciones y se prevé que en los próximos meses haya más avances en el caso.
Además de este caso, el gobierno estatal ha implementado auditorías para detectar otras irregularidades en administraciones pasadas
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