La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General contra la Extorsión tras un debate que duró más de seis horas y que incluyó varios ajustes al texto original. El dictamen fue avalado con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, y se remitió al Senado para su revisión. El cambio más polémico fue la reducción de penas a servidores públicos que no denuncien la extorsión, en nombre de la proporcionalidad jurídica.
Cambios clave y sanciones menores a funcionarios
La ley unifica la tipificación del delito de extorsión en todo el país, permitiendo su persecución de oficio y la denuncia anónima. Establece penas de seis a quince años de prisión y multas de 100 a 500 veces la UMA para quien obligue a otra persona a hacer, dejar de hacer o soportar algo sin derecho, con el fin de obtener un beneficio o causar daño.
El cambio más debatido fue la modificación al artículo 21, que disminuye las sanciones para servidores públicos que, teniendo la obligación, no denuncien la extorsión. La nueva redacción fija una pena de cinco a doce años de cárcel y multas de 600 a 3,000 UMAs, en lugar del rango anterior de 10 a 20 años.
El ajuste fue impulsado por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien argumentó que la sanción original era desproporcionada. “El funcionario que omite denunciar no puede recibir una pena mayor que quien comete el delito”, explicó. Según Monreal, la modificación busca coherencia con los principios de proporcionalidad penal y evita conflictos jurídicos en los estados.
Además del artículo 21, se modificaron los artículos 2, 3, 8, 16, 18, 26 y 43, incorporando principios de interculturalidad, coordinación entre autoridades y mayor certeza jurídica sobre las competencias federales. También se estableció que la reparación del daño a las víctimas provendrá de los recursos obtenidos en procedimientos de extinción de dominio.
Posturas divididas en el Pleno
Durante la sesión, la oposición criticó la disminución de sanciones a funcionarios. El panista David Azuara Zúñiga calificó la medida como “una ofensa a las víctimas”, al considerar que “premia la omisión con una rebaja de condena”.
En contraste, el morenista Leonel Godoy Rangel defendió la enmienda, afirmando que “nunca el cómplice debe tener una pena mayor que el autor del delito”. El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, también respaldó la modificación al señalar que se dirige a quienes “se hacen de la vista gorda” ante el delito, sin que ello los convierta en extorsionadores activos.
Desde el PRI, César Alejandro Domínguez y Emilio Suárez Licona alertaron que las modificaciones “debilitan la respuesta institucional frente a la corrupción” y generan incertidumbre en la aplicación de la ley.
Alcance y nuevas disposiciones de la Ley General contra la Extorsión
La iniciativa, impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por once propuestas legislativas adicionales, busca establecer un tipo penal único y definir la coordinación entre autoridades para prevenir, investigar y sancionar la extorsión.
La norma contempla agravantes que aumentan las penas hasta en dos terceras partes cuando las víctimas son menores, migrantes, comerciantes o defensores de derechos humanos, o cuando se emplean medios electrónicos o violencia.
También se ordena la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y se habilita la línea 089 para denuncias anónimas.
Finalmente, el artículo 43 instruye a las autoridades a implementar campañas permanentes de información y prevención sobre las distintas modalidades de extorsión, con metas verificables y mecanismos de evaluación.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, convocó a la siguiente sesión del Pleno para este miércoles 29 de octubre a las 11:00 horas, donde el dictamen será formalmente turnado al Senado.
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