La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general, con 345 votos a favor, la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incorporando su enmienda clave para eliminar un artículo transitorio que permitía retroactividad en juicios pendientes. La votación, que incluyó 131 votos en contra de la oposición y tres abstenciones, marca un avance en la modernización judicial, pero enfrenta unas 300 reservas que se discutirán en lo particular. Esta iniciativa, originada en el Senado el 15 de septiembre, busca agilizar procesos y evitar abusos dilatorios, como suspensiones fiscales que desbloquean miles de millones en cuentas investigadas por la UIF.
El dictamen, avalado previamente en comisiones unidas de Justicia y Hacienda con 56 votos a favor, responde a la solicitud de Sheinbaum de frenar la retroactividad considerada inconstitucional.
“Los casos en trámite seguirán conforme a las disposiciones vigentes al inicio”, establece el nuevo transitorio, otorgando certeza jurídica y protegiendo procesos en curso.
Opositores del PAN, PRI y MC intentaron bloquearlo con mociones suspensivas, pero Morena y aliados las desecharon, priorizando la eficiencia judicial.
Sheinbaum defendió la reforma en su conferencia matutina: “No se trata de limitar derechos, sino de armonizar el amparo con el interés público, evitando que sirva de escudo a evasores fiscales”. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2025, más de 3.600 demandas de amparo contra bloqueos de la UIF resultaron en suspensiones que liberaron 27.000 millones de pesos, según datos oficiales. La medida busca equilibrar la tutela individual con políticas de recaudación y seguridad.
Puerta al futuro: Modernización digital y justicia ágil
La reforma introduce herramientas digitales para un amparo más accesible. Se permite la presentación electrónica de promociones —opcional para quejosos—, el uso de firma electrónica y notificaciones digitales vía el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial. Autoridades deberán registrarse obligatoriamente, reduciendo la coexistencia de formatos físicos y electrónicos que genera errores e inequidades.
Además, se define “interés legítimo” en el artículo 5, basado en criterios de la SCJN, para evitar suspensiones que contravengan el orden público o la deuda fiscal.
“Esto fortalece el acceso a la justicia sin dilaciones abusivas”, argumentó el diputado Hugo Eric Flores (Morena), quien presentó la enmienda.
Críticos como Homero Niño de Rivera (PAN) la tildaron de “fraude vengativo” contra figuras como Ricardo Salinas Pliego, pero el oficialismo la ve como paso contra la impunidad fiscal.
El debate en lo particular, que podría extenderse horas, evaluará reservas del PRI y PAN. Si se aprueba, regresará al Senado para sanción final. Esta ley, pilar de derechos humanos en México, evoluciona hacia la era digital, prometiendo certeza y equidad en un sistema saturado por 1.2 millones de amparos anuales. Para Sheinbaum, es un engranaje en su pacto por la justicia: ágil, inclusiva y al servicio del interés colectivo.
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