La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Aduanera impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de un intenso debate sobre la creciente participación militar y el riesgo de “huachicol fiscal” en el sistema aduanero. El dictamen, que modifica más de 80 artículos y ocho disposiciones transitorias, busca fortalecer la fiscalización, digitalizar procesos y endurecer sanciones contra agentes y recintos aduanales.
Una votación sin abstenciones y con polarización política
Con 324 votos a favor, 113 en contra y ninguna abstención, la reforma fue aprobada y enviada al Senado para su análisis. Los legisladores de Morena y sus aliados defendieron el proyecto al considerarlo un paso “estratégico y necesario” para combatir la corrupción, mientras que la oposición advirtió sobre el riesgo de militarizar aún más las aduanas y concentrar el control en la Secretaría de Hacienda.
El texto crea el Consejo Aduanero, encabezado por el titular de Hacienda, encargado de otorgar, suspender o revocar patentes de agentes aduanales. También fija que las patentes tendrán vigencia de 20 años y requerirán certificación cada tres. Además, se introduce vigilancia digital en recintos fiscales, se endurecen sanciones contra quienes permitan irregularidades en la entrada o salida de mercancías, y se habilitan convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La reforma otorga mayores facultades tanto al Sistema de Administración Tributaria (SAT) como a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y promueve el uso obligatorio de tecnologías de trazabilidad, videovigilancia y expedientes electrónicos.
Militares en aduanas y el debate por el “huachicol fiscal”
Uno de los puntos más polémicos del debate fue la presencia de personal castrense en las aduanas. El diputado panista Marcelo de Jesús Torres denunció que “esta no es una reforma para limpiar las aduanas, es para legalizar el control militar sobre ellas”, mientras que su correligionaria Verónica Pérez Herrera consideró que “se busca controlar desde el poder las llaves del dinero”.
En contraste, el morenista José Narro Céspedes defendió la participación del Ejército y calificó la iniciativa como una “reforma estratégica para blindar las fronteras y acabar con la corrupción”. Según el legislador, el proyecto permitirá enfrentar el contrabando, la subvaluación de mercancías y el huachicol fiscal, estimado en más de 600 mil millones de pesos anuales.
Desde Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona Domínguez lamentó que “no se aborde el problema de fondo del huachicol fiscal” y acusó al gobierno de “no allegarse recursos suficientes para cumplir con el presupuesto”.
Multas, cancelaciones y profesionalización del sector
El endurecimiento de sanciones a los agentes aduanales fue otro de los temas que generó tensión. El petista Roberto Armando Albores Gleason defendió la medida: “Fortalece la fiscalización, impone multas severas y profesionaliza el sector”. En cambio, la priista Ariana del Rocío Rejón Lara criticó que las multas “se incrementan hasta 300 por ciento y eliminan las defensas legales, pero no se toca al crimen organizado”.
Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez advirtió que las nuevas disposiciones “provocarán el cierre de pequeñas empresas” y que la reforma “protege al huachicol y al contrabando bajo un falso discurso de modernización”.
La bancada de Morena sostuvo que la digitalización reducirá los espacios para la corrupción y permitirá “trazabilidad total de las operaciones en tiempo real”. También se incluyen nuevos mecanismos de control sobre las empresas de mensajería, paquetería y comercio electrónico, así como procedimientos simplificados para importaciones de bajo valor.
Hacia una aduana centralizada y digitalizada
El Consejo Aduanero se convertirá en el órgano rector del nuevo sistema, con facultades para emitir lineamientos técnicos, validar registros, autorizar recintos y supervisar la aplicación de la tecnología de monitoreo. Según Hacienda, la meta es tener un sistema aduanero “completamente digitalizado y con control centralizado”, capaz de detectar operaciones sospechosas y evitar pérdidas fiscales.
Los críticos consideran que esta estructura debilita la autonomía operativa de la ANAM y consolida un modelo “más político que técnico”. Sin embargo, Morena insiste en que la centralización busca “eficiencia y transparencia, no concentración del poder”.
El Senado discutirá el dictamen en los próximos días y podría introducir cambios menores antes de su publicación. Mientras tanto, cámaras empresariales y agentes aduanales ya alistan observaciones al reglamento secundario que definirá su aplicación.
También te puede interesar: Claudia Sheinbaum y Michelle Bachelet: Diálogo sobre América Latina y el rol de las mujeres en la política
