La declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en una corte de EE. UU. marca un punto de quiebre en la historia del Cártel de Sinaloa. Fundador y figura clave del narcotráfico en México, Zambada aceptó una multa récord de 15 mil millones de dólares, el equivalente a 280 mil millones de pesos, en lo que constituye la sanción económica más alta impuesta a un capo mexicano.
A cambio, logró que 22 cargos criminales en su contra sean desestimados por las fiscalías de Washington, Illinois y California. El pacto, sin embargo, no solo revela la magnitud de su fortuna, sino también los términos a los que un líder criminal puede acceder para garantizar ciertos beneficios personales.
El acuerdo establece que, en caso de incumplir el pago, el gobierno estadounidense tendrá la facultad de incautar cualquier bien de Zambada hasta cubrir la multa. Además, el capo deberá entregar en un plazo máximo de 60 días una declaración financiera completa, desglosando sus activos, cuyo informe será revisado directamente por el fiscal asistente Francisco J. Navarro.
Este requisito obliga al “Mayo” a transparentar una fortuna que, según estimaciones del propio Departamento de Justicia, rivaliza con la de algunos de los empresarios más acaudalados de México.
La estrategia detrás de la admisión de culpabilidad
El convenio legal no solo le permite al gobierno de EE. UU. asegurar la incautación de bienes en caso de incumplimiento, sino que le otorga una victoria simbólica al lograr que uno de los capos más antiguos del narcotráfico mexicano se declare culpable. Para Zambada, de 77 años y con serios problemas de salud, la decisión parece orientada a evitar una condena que pudiera incluir la pena de muerte o múltiples cadenas perpetuas.
Fuentes del Departamento de Justicia señalaron que, si bien no se ha hecho público el listado de beneficios solicitados por el capo, se sabe que entre sus peticiones estarían: no ser enviado a una prisión de máxima seguridad, obtener acceso frecuente a su familia y buscar una reducción de condena. La Fiscalía, por su parte, aclaró que, aunque no se pedirá la pena capital, la cadena perpetua sigue siendo una posibilidad vigente en la sentencia programada para enero de 2026.
Una fortuna comparable con la élite empresarial
El gobierno estadounidense calcula la riqueza del capo en los mismos 15 mil millones de dólares que le fueron impuestos como multa por el juez Brian Cogan. Aunque esa cifra se ubica muy por debajo de los patrimonios de magnates como Carlos Slim o Germán Larrea, supera con amplitud a la de empresarios como Alejandro Baillères o María Asunción Aramburuzabala.
El dato no es menor: confirma que la economía ilícita del narcotráfico ha generado capitales equivalentes a los de sectores formales de la economía mexicana.
La comparación con Joaquín “El Chapo” Guzmán también resulta inevitable. A pesar de haber sido condenado con una multa de 12 mil 600 millones de dólares, la cifra se queda corta frente a los 15 mil millones que Zambada deberá entregar. Este hecho refuerza la percepción de que “El Mayo” fue durante años el verdadero poder económico dentro del Cártel de Sinaloa.
Implicaciones políticas y judiciales del caso
La admisión de culpabilidad del capo abre un debate sobre el alcance de los acuerdos judiciales en EE. UU. Para algunos especialistas en derecho internacional, el convenio permite al gobierno estadounidense proyectar su capacidad de golpear no solo las estructuras criminales, sino también sus recursos financieros. Para otros, la negociación plantea interrogantes éticos, pues otorga beneficios a un individuo responsable de liderar una de las organizaciones más violentas de la región.
En México, el caso ha sido interpretado como una muestra de que los procesos judiciales en EE. UU. continúan siendo el escenario final para figuras del narcotráfico, mientras las instituciones nacionales permanecen incapaces de someter a juicio a personajes de este calibre. El proceso de “El Mayo” también deja abierta la incógnita sobre la sucesión de liderazgo en el Cártel de Sinaloa, un tema que preocupa a autoridades de ambos países.
Más allá de lo que ocurra en la sentencia de enero, el caso de Zambada se perfila como un hito en la cooperación judicial entre México y EE. UU., pero también como un recordatorio de que los acuerdos entre criminales y autoridades tienen costos políticos y sociales que trascienden lo económico.
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