La Fiscalía General de la República imputó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta participación como coautor en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La acusación sostiene que durante su administración (2010–2016) se movieron 73.9 millones de pesos a través del sistema financiero y hacia empresas ganaderas donde él era accionista mayoritario. La jueza María Jazmín Ambriz López rechazó la solicitud de su defensa para invalidar la orden de aprehensión emitida en 2024, al considerar que los argumentos se referían a causas distintas: una federal y otra estatal.
Duarte comparece ante la justicia federal tras su detención en Chihuahua
Duarte fue detenido el lunes en un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Circulaba por la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco. Tras su arresto, fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México e ingresado al penal federal del Altiplano para enfrentar la audiencia inicial.
Durante la sesión, la fiscalía presentó la hipótesis de que los 73.9 millones lavados corresponderían a recursos previamente desviados de la Secretaría de Hacienda estatal, monto por el que Duarte también enfrenta un proceso local por peculado. En esa causa ya cuenta con medidas cautelares, incluido un brazalete electrónico.
La FGR aseguró que los recursos habrían sido canalizados a varias empresas ganaderas controladas por Duarte, donde también habría participado su esposa, Bertha Olga Gómez Fong. Las autoridades federales preparan alrededor de 100 datos de prueba, entre ellos movimientos financieros, vínculos societarios y presuntas triangulaciones con familiares.
Defensa sin éxito: orden de aprehensión sigue firme
En la audiencia, la defensa de Duarte argumentó que la orden de aprehensión dictada en mayo de 2024 debía invalidarse debido a un amparo previo que, según afirmaron, impedía la detención. También denunciaron supuestas nulidades en el documento judicial. Sin embargo, la jueza Ambriz López rechazó el planteamiento al señalar que el amparo correspondía a un caso distinto, pues la causa federal por lavado no coincide con la estatal por peculado.
La decisión dejó firme la orden federal y permitió continuar con la imputación. Según la fiscalía, Duarte habría actuado de manera dolosa al participar en la movilización de recursos de procedencia ilícita mediante estructuras corporativas creadas para ese fin. La fiscalía explicó que el origen del dinero constituye un elemento clave, ya que provendría del desvío estatal de 96.7 millones de pesos atribuido al exgobernador.
Conexión entre causas federal y estatal fortalece el caso
La FGR subrayó que la relación directa entre el desvío estatal y las operaciones financieras federales convierte a Duarte en coautor del esquema ilícito. Además, la fiscalía destacó que los movimientos económicos se realizaron durante su periodo como gobernador, lo que incrementa la presunción de abuso de funciones y uso indebido de recursos públicos.
Aunque el proceso estatal continúa, la causa federal podría representar una pena mayor debido al volumen del dinero movido y al uso del sistema financiero para encubrir su origen. Las operaciones relacionadas con empresas ganaderas, según las autoridades, muestran un patrón de triangulación construido para ocultar la ruta de los recursos.
De avanzar el caso en la etapa intermedia, se abriría la puerta a una posible vinculación a proceso por lavado de dinero. La fiscalía insiste en que cuenta con evidencia suficiente para sustentar la acusación y demostrar la intervención directa del exgobernador.
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