La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, entregó un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de obtener respaldo político e institucional que le permitiera enfrentar sus procesos penales en libertad. La acusación fue expuesta durante la audiencia de imputación en contra del exmandatario priista, en la que la autoridad federal argumentó la existencia de un riesgo real de fuga y una red de complicidades que operaba en la entidad.
De acuerdo con la imputación presentada por la FGR, dicha relación de complicidad habría influido para que la justicia estatal concediera a Duarte la libertad provisional en junio de 2024. Estos señalamientos fueron dados a conocer por el periodista Abel Barajas en el diario Reforma, a partir de lo expuesto por el fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, durante una audiencia que se extendió por más de 11 horas.
La jueza de control María Jazmín Ambriz López determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada al exgobernador, al considerar fundado el riesgo de que evadiera la acción de la justicia. En su resolución, la juzgadora rechazó los argumentos de la defensa, que buscaban mantener a Duarte en libertad mientras se definía su situación jurídica.
Red de apoyo y riesgo de fuga
Según la FGR, César Duarte contaba con una red de cómplices con capacidad de influir en instituciones clave del estado de Chihuahua. En esa red, la Fiscalía incluyó a la actual gobernadora, María Eugenia Campos, a quien señaló como presunta beneficiaria de recursos ilícitos durante la administración del exmandatario.
Como parte de sus argumentos, la FGR sostuvo que el respaldo institucional al exgobernador podía acreditarse en la negativa del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua a proporcionar información sobre los bienes de Duarte en el marco de una investigación federal. Dicha negativa se justificó bajo el argumento del “secreto profesional”, situación que, para la Fiscalía, evidenció una protección indebida.
La audiencia fue suspendida cerca de la medianoche del domingo, luego de que se desahogaran alrededor de 100 datos de prueba presentados por el Ministerio Público. La juzgadora decretó un receso y fijó la reanudación para las 9:00 de la mañana, momento en el que se prevé que determine si el exgobernador será vinculado o no a proceso.
Duarte enfrenta acusaciones federales como presunto coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de hechos ocurridos durante su gestión al frente del gobierno de Chihuahua entre 2010 y 2016.
Lavado de dinero y operaciones financieras
La FGR atribuye a César Duarte el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos a través del sistema financiero. Según la imputación, estos recursos habrían sido canalizados a diversas empresas del sector ganadero, en las que el exgobernador figuraba como accionista mayoritario. En dichas operaciones también habría participado su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
De acuerdo con la investigación federal, los recursos presuntamente ilícitos habrían salido de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua y posteriormente se movieron mediante empresas vinculadas directamente con Duarte y su círculo cercano. La Fiscalía tenía previsto presentar cerca de 100 elementos probatorios, entre ellos documentación financiera y vínculos empresariales y familiares.
El exmandatario fue detenido el lunes 8 de diciembre en Chihuahua, cuando circulaba por la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco. El operativo fue realizado de manera conjunta por la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente, Duarte fue trasladado a la Ciudad de México e internado en el penal federal del Altiplano.
La jueza María Jazmín Ambriz López también negó la solicitud de la defensa para invalidar la orden de aprehensión emitida en mayo de 2024. Los abogados del exgobernador argumentaron la existencia de un amparo que supuestamente impedía su detención, así como presuntas nulidades en la orden judicial. Sin embargo, la juzgadora desechó el planteamiento al considerar que hacía referencia a causas penales distintas, una de carácter federal y otra estatal.
Señalamientos políticos y causas pendientes
En el ámbito estatal, César Duarte continúa enfrentando procesos por el delito de peculado. El exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, afirmó que la reciente detención de Duarte marcó el fin de una etapa de impunidad que, según su versión, fue facilitada por la actual administración estatal.
Corral sostuvo que, durante el gobierno de María Eugenia Campos, la Fiscalía General del Estado no ejecutó ninguna de las más de 20 órdenes de aprehensión existentes contra Duarte, relacionadas con un presunto daño patrimonial de alrededor de 6 mil millones de pesos. Entre los casos mencionados se encuentran la llamada nómina secreta, por más de mil millones de pesos, la operación Safiro y otros expedientes por montos que oscilan entre 300 y 500 millones de pesos.
El senador también aseguró que la actual gobernadora y otros funcionarios habrían formado parte de dicha nómina secreta, recibiendo pagos irregulares durante la gestión de Duarte, cuando Campos se desempeñaba como diputada local. Estos señalamientos forman parte del debate político que rodea el caso, mientras el proceso judicial continúa su curso en el ámbito federal.
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