La Fiscalía General de la República (FGR) indaga si el homicidio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y el de la auxiliar Magaly Janet Nava Ramos están relacionados con una red de huachicol fiscal que involucra a mandos navales y funcionarios de aduanas. De acuerdo con un reportaje publicado por el diario Reforma, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, presuntos líderes de la operación ilícita, estarían en el centro de las pesquisas, junto con otros altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar).
Decomisos y un operativo federal que destapó la red
La investigación tomó fuerza tras el decomiso de más de 10 millones de litros de hidrocarburo en marzo de 2025 en Tampico, Tamaulipas, considerado el mayor en la historia del país. El hallazgo derivó en un operativo federal anunciado el pasado sábado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que culminó con la captura de directivos de empresas y funcionarios públicos vinculados al tráfico de combustible.
Entre los detenidos destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Fue ingresado al Penal del Altiplano el 2 de septiembre, mientras que su hermano Fernando, también contralmirante, continúa prófugo.
Según Reforma, los Farías Laguna habrían encabezado el desembarque irregular de al menos 31 buques de combustible bajo la modalidad de huachicol fiscal, con apoyo de aduaneros y exfuncionarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).
Denuncias previas y asesinatos con el mismo modus operandi
La conexión con los homicidios del contralmirante Guerrero Alcántar y de la auxiliar Nava Ramos refuerza las sospechas de un encubrimiento criminal. Guerrero fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, pocos días después de denunciar irregularidades en puertos y aduanas. Previamente, el 21 de octubre, Nava Ramos había sido ejecutada en circunstancias similares.
Ambos crímenes fueron cometidos con pistolas calibre 9 mm bajo un mismo patrón: dos sicarios en motocicleta con apoyo de un vehículo, lo que apunta a una operación planeada.
En su oficina en Puerto Madero, Chiapas, se encontró una carta dirigida al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, donde Guerrero alertaba que Roberto Farías manipulaba los nombramientos de marinos en aduanas para sostener las operaciones ilícitas. Esa denuncia habría marcado su destino.
Implicados: militares y civiles bajo la lupa
De las 13 órdenes de aprehensión giradas, seis corresponden a elementos de la Marina, entre ellos el vicealmirante Farías; el capitán de Navío Climaco Aldape Utrera; Humberto Enrique López Arellano, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas; Sergio Varela Morales, exsubdirector en la Aduana de Tampico; Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, exsubdirector de Operación de la misma aduana; y Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, exsubadministrador en Altamira.
También fueron capturados funcionarios civiles como Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Asipona en Tampico, vinculado con la empresa Intanza; Endira Xóchitl Palomo Chávez, y tres verificadores de mercancías en la aduana de Tampico.
Los prófugos incluyen al contralmirante Fernando Farías Laguna y al capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, quienes, según la FGR, jugaron un papel clave en el desembarque de hidrocarburos mediante facturas falsas y permisos manipulados.
El costo de denunciar
El caso revela la compleja red de intereses en torno al huachicol fiscal y el alto riesgo de quienes se atreven a denunciar. La ejecución de Guerrero Alcántar envía un mensaje de intimidación, mientras que el asesinato de Nava Ramos muestra que incluso funcionarios de menor rango corren peligro.
La FGR sostiene que la investigación podría alcanzar a más mandos navales y civiles en los próximos días. De confirmarse, se trataría de uno de los casos de mayor penetración del crimen organizado en instituciones clave del Estado mexicano.
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