La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió una carpeta de investigación por daños a 16 áreas del Palacio de Gobierno, incluidos la puerta principal y mobiliario interno, durante protestas que escalaron a disturbios el 2 de noviembre. El incidente, detonado por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dejó ocho detenidos en flagrancia, identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”, ya a disposición del Ministerio Público para su vinculación. Mientras peritos evalúan pérdidas millonarias, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla prometió “sanciones ejemplares” y no descartó infiltrados en la marcha pacífica.
Manzo, de 40 años y alcalde independiente desde septiembre de 2024, fue asesinado el 1 de noviembre con siete balazos durante el Festival de las Velas, un evento tradicional de Día de Muertos. El ataque, frente a su familia y cientos de asistentes, dejó un regidor herido y un agresor abatido; dos presuntos cómplices fueron detenidos, según el fiscal Carlos Torres Piña.
“No quiero ser otro de los ejecutados”, había advertido Manzo en septiembre a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo apoyo contra el crimen organizado que asedia Uruapan, bastión aguacatero disputado por el CJNG y La Nueva Familia Michoacana.
Marcha que enciende la ira
Cientos marcharon desde la Plaza Morelos a la Catedral de Morelia, con mariachis y carteles de “¡Justicia!” y “México está de luto”. Lo que inició como un adiós colectivo por Manzo –con consignas como “¡Carlos no murió, Bedolla lo mató!”– escaló cuando un grupo encapuchado forzó la entrada al Palacio, lanzando muebles por balcones, pintando paredes y encendiendo molotovs. Videos virales muestran protestantes arrojando objetos y policías usando gas lacrimógeno, con al menos siete sometidos en el interior.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, relató: “Algunos irrumpieron, pero no representan la protesta legítima; identificamos incitadores y procederemos”. La FGE, en su boletín del 2 de noviembre, confirmó peritajes forenses y fotográficos, con vigilancia reforzada en el sitio histórico.
En Uruapan, el funeral de Manzo reunió a miles en la plaza principal, con aplausos y mariachis que entonaron “Cielito Lindo”. Familiares y simpatizantes exigieron “no más alcaldes asesinados”, sumando a los seis ediles ultimados en 2025, tres en Michoacán.
Crimen organizado en tierra de aguacates
Manzo, exdiputado de Morena, se postuló independiente y ganó con promesas de confrontar al narco. Patrullaba con chaleco antibalas y denunció extorsiones en aguacate y limón, sectores que generan 2.000 millones de dólares anuales pero sangran por cuotas. “Estamos expuestos todos, inclusive mi vida”, alertó en mayo a García Harfuch, quien confirmó 14 elementos de la Guardia Nacional en su escolta desde diciembre 2024.
Días antes, el líder limonero Bernardo Bravo fue asesinado por denunciar lo mismo. Michoacán, con 1.200 homicidios anuales, es feudo de CJNG y Nueva Familia Michoacana, etiquetados “terroristas” por Trump en febrero. La FGE abrió indagatorias por homicidio calificado, con dos testigos detenidos y el arma asegurada; Torres Piña: “No descartamos líneas; avanzamos con federal”.
Sheinbaum, en su mañanera del 3 de noviembre, repudió: “Condeno con absoluta firmeza este vil asesinato; reforzaremos la estrategia de seguridad”. García Harfuch detalló: “Manzo tenía protección reforzada; no hay impunidad”.
También te puede interesar: “Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan”: homenaje a Carlos Manzo tras su asesinato
