La Fiscalía de Michoacán abrió una investigación contra el equipo de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre, por haber presuntamente disparado contra su agresor cuando ya estaba neutralizado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que existen dos líneas de indagación: una sobre el uso de fuerza letal fuera de protocolo y otra sobre posibles fallas en el círculo de seguridad que protegía al edil.
Investigan actuación de los escoltas y posible distracción en la seguridad
En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla explicó que, según los primeros reportes, el sicario fue abatido “momentos después de haber sido detenido”. “Al homicida lo detienen y momentos después hay forcejeo y hay un solo disparo que lo abate”, detalló.
El mandatario estatal reconoció que la Fiscalía de Michoacán analiza los videos y testimonios para determinar si hubo exceso de fuerza por parte de los escoltas, quienes habrían disparado pese a que el atacante ya no representaba una amenaza inmediata.
El gobernador informó que el equipo de seguridad de Manzo estaba integrado por ocho personas de confianza, seleccionadas por él mismo, y un segundo anillo compuesto por 14 elementos de la Guardia Nacional. Ambas unidades están siendo evaluadas para esclarecer si hubo errores en la respuesta de protección o negligencia en el protocolo de seguridad.
“Se está investigando también qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, añadió Ramírez Bedolla. El funcionario subrayó que las líneas de investigación “están abiertas en todos los sentidos” y que se está considerando la posible participación del crimen organizado en el ataque.
Líneas abiertas: crimen organizado y fallas de seguridad
El gobernador confirmó que la Fiscalía trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, y con áreas de inteligencia federal. “La Fiscalía está haciendo un trabajo muy serio, muy responsable”, aseguró.
Además, precisó que se indagará la célula criminal detrás del atentado y el “motivo real, específico” que condujo al homicidio del alcalde.
El asesinato de Manzo ha generado conmoción nacional y desató exigencias de renuncia contra Ramírez Bedolla. El mandatario, sin embargo, restó importancia a las críticas: “Es normal, lo entendemos. Celebro que las manifestaciones han sido pacíficas. Entendemos el coraje que tienen por lo ocurrido”, dijo.
Durante su mensaje, el gobernador defendió el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado un día antes por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que su estrategia marca “una diferencia evidente” frente a las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Ramírez Bedolla destacó que las acciones se revisarán cada quince días “para cumplir puntualmente con lo que se está planeando”.
Violencia persistente en Michoacán
El homicidio del alcalde de Uruapan se suma a una serie de asesinatos recientes que mantienen al estado bajo presión. El 20 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán, y el 1 de noviembre, Alejandro Torres Mora —sobrino del exlíder autodefensa Hipólito Mora— fue acribillado junto a su esposa.
Estos crímenes subrayan la crisis de violencia política y criminal que atraviesa Michoacán, una de las entidades más golpeadas por los grupos armados y la corrupción en las corporaciones locales.
El caso de Uruapan pone nuevamente en entredicho la capacidad de los cuerpos de seguridad municipales para responder ante ataques directos, así como la falta de protocolos claros sobre el uso de la fuerza. La Fiscalía estatal prometió resultados “prontos y verificables”, mientras crece la presión pública por justicia y transparencia.
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