La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la reforma a la Ley de Amparo, eliminando la retroactividad para procedimientos en curso. La medida, impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados, generó fuertes cuestionamientos de legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), quienes calificaron el proceso como una simulación y denunciaron irregularidades en la convocatoria y audiencias públicas.
Acusaciones de fraude legislativo y falta de transparencia
El dictamen se aprobó con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Diputados de PAN y MC criticaron que las audiencias públicas se realizaron con escasa anticipación y sin incorporar recomendaciones de los 35 especialistas invitados. Federico Döring, del PAN, calificó el procedimiento de “fraude legislativo”, mientras que Iraíís Virginia Reyes, de MC, describió el parlamento abierto como “una simulación”, denunciando que las decisiones ya estaban tomadas antes de iniciar los debates.
La discusión se tensó por incidentes como la interrupción del micrófono de Reyes y la negativa a entregar material videográfico de las sesiones previas. Emilio Suárez Licona, del PRI, denunció la falta de transparencia y pidió que las comisiones unidas permanecieran en sesión permanente para obtener la información requerida, solicitud que fue rechazada por la mayoría.
Impacto en comunidades y colectivos vulnerables
Uno de los puntos más polémicos es la redefinición del interés legítimo. La exministra de la Suprema Corte y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la reforma limitará el acceso a la justicia para pueblos indígenas, defensores ambientales, comunidades LGBTTIQ+ y consumidores. Según la diputada, la nueva definición obliga a quienes promuevan acciones colectivas a demostrar un beneficio concreto derivado de la nulidad del acto reclamado, lo que puede obstaculizar procesos judiciales tradicionales de organizaciones sociales y grupos afectados.
Sánchez Cordero reconoció excesos previos en la aplicación del interés legítimo, pero defendió que la solución correcta es perfeccionar criterios judiciales, no endurecer las restricciones. Además, la reforma elimina recursos administrativos tradicionales en materia tributaria, como la revocación ante el SAT y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que, según PAN y PRI, deja a las pequeñas y medianas empresas en situación de indefensión.
Suspensión limitada y restricciones judiciales
La reforma endurece los criterios para conceder la suspensión del acto reclamado. Ahora, los jueces solo podrán otorgarla mediante garantías específicas, como billetes de depósito o cartas de crédito de instituciones autorizadas y registradas ante el SAT, eliminando la posibilidad de suspensiones con efectos generales.
Iraíís Reyes señaló que estas medidas permiten que “los daños se consuman antes de que llegue la justicia” y concluyó que la reforma protege al poder y no a los ciudadanos. “Esta es una ley de desamparo: sin suspensión, sin interés legítimo y sin eficacia, no protege a nadie”, enfatizó.
El dictamen será remitido a la Mesa Directiva y está previsto que se discuta y vote en el pleno de San Lázaro en las próximas sesiones, donde la discusión promete mantenerse álgida debido a la oposición de varios grupos parlamentarios y la atención de la opinión pública.
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