La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. El empresario chiapaneco permanece recluido en un centro migratorio de Miami, Florida, mientras un juez de Estados Unidos analiza su posible deportación a México.
FGR mantiene vigentes tres órdenes de captura contra el empresario
De acuerdo con la FGR, las órdenes de aprehensión contra Álvarez Puga fueron emitidas por distintos juzgados federales y continúan activas. La Fiscalía Especializada de Control Competencial también mantiene una orden por defraudación fiscal, mientras que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) solicitó a Interpol emitir una ficha roja para su localización y arresto internacional, la cual se encuentra vigente.
“El imputado es requerido por autoridades mexicanas para enfrentar cargos relacionados con delincuencia organizada y defraudación fiscal agravada”, detalló la dependencia en un comunicado.
Además, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales ya pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciar el trámite de detención provisional con fines de extradición ante las autoridades de Estados Unidos. Según los informes oficiales, ese proceso se encuentra en curso y se espera que las instancias estadounidenses resuelvan la situación legal del empresario en los próximos días.
En paralelo, un juez migratorio de EE. UU. determinó el pasado 17 de octubre la deportación de Álvarez Puga. Sin embargo, la defensa del empresario apeló la resolución, lo que suspendió temporalmente la medida. La nueva audiencia quedó programada para el 12 de noviembre, fecha en que la autoridad estadounidense deberá decidir si confirma la deportación o concede la extradición formal solicitada por México.
Sheinbaum confirma solicitud de extradición ante Estados Unidos
Durante su conferencia matutina del martes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano busca la extradición de Álvarez Puga. “Estamos esperando toda la información de la Fiscalía, y espero que en unas horas podamos tenerla completa. Sí, la idea es que sea enviado a México”, declaró ante la prensa.
Con esas palabras, Sheinbaum dio por hecho que la administración federal seguirá el mismo curso legal que ha aplicado en otros casos de presuntos desvíos millonarios durante el sexenio anterior. La mandataria destacó que la cooperación con Estados Unidos será clave para garantizar que el empresario enfrente la justicia mexicana.
Fuentes judiciales señalaron que la FGR ya entregó a la cancillería la documentación necesaria para sustentar la solicitud de extradición, la cual incluiría pruebas contables y contratos presuntamente simulados por la firma Álvarez Puga & Asociados.
Del despacho fiscal al escándalo judicial: quién es Álvarez Puga
Víctor Manuel Álvarez Puga, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es abogado y empresario. En el año 2000 fundó, junto con su hermano, el despacho Álvarez Puga & Asociados, especializado en asesoría fiscal y servicios laborales para empresas. Con el tiempo, el bufete ganó notoriedad por su relación con dependencias públicas, principalmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, alcanzó fama en programas de entretenimiento como Los 25+ de TV Azteca, pero en 2021 ambos fueron señalados por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y contratos irregulares con el gobierno federal.
Desde entonces, la pareja ha sido buscada por las autoridades mexicanas. Mientras Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses, Gómez Mont continúa prófuga. La FGR reiteró que ambas personas enfrentan cargos graves relacionados con la presunta utilización de empresas fachada para triangular recursos públicos.
Por ahora, el proceso judicial en Estados Unidos mantiene en suspenso la posible repatriación del empresario. De confirmarse su extradición, Álvarez Puga enfrentará la justicia mexicana por delitos que podrían implicar penas superiores a 30 años de prisión.
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