El senador Ricardo Monreal anunció que la Comisión de Recursos Hidráulicos concluyó un nuevo dictamen de la Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, tras semanas de protestas, bloqueos y negociaciones con agricultores y transportistas. El documento incorpora 50 cambios relevantes a partir de la revisión de 124 artículos. Estas modificaciones buscan garantizar el derecho humano al agua, ordenar la transmisión de concesiones, dar certeza jurídica a usuarios agrarios y reforzar la rectoría del Estado sobre el recurso.
Además, establece nuevas definiciones, actualiza procedimientos para concesiones y reasignaciones, e integra obligaciones para sistemas comunitarios y padrones agrarios. Monreal afirmó que el propósito central es equilibrar desarrollo económico, justicia social y protección del recurso, mientras se atienden las exigencias de productores inconformes.
Ajustes clave en la Ley de Aguas Nacionales
El dictamen incorpora redefiniciones sustanciales en conceptos como «reasignación» y «uso agropecuario familiar». También elimina la figura de «seguridad hídrica» como mecanismo de reducción de volúmenes y detalla nuevas facultades para los Organismos de Cuenca en la expedición de concesiones. Incluye lineamientos más estrictos para el Registro Público Nacional del Agua, la inscripción obligatoria de sistemas comunitarios y la formalización de padrones agrarios. Estas medidas buscan garantizar operaciones claras y evitar abusos mediante procedimientos más expeditos.
Los diputados, según Monreal, examinaron los artículos de manera minuciosa. Aseguró que «aclararon y precisaron» puntos que preocupaban a productores e industriales. El senador remarcó que trabajan en coordinación con Conagua para afinar el texto y garantizar eficacia administrativa. El dictamen, listo para votarse en Comisión el 3 de diciembre, perfila ajustes que impactarán a sectores productivos que dependen del recurso.
Un elemento central es la herencia y transmisión de concesiones. Agricultores exigían reglas claras para garantizar continuidad familiar en el uso del agua. El dictamen establece que los derechos se trasladan junto con la tierra asociada al título, lo que permite mantener explotación y aprovechamiento sin incertidumbre jurídica. En casos de sucesión o transmisión de dominio, Conagua tendrá hasta 20 días hábiles para expedir nuevos títulos mediante procedimientos simplificados.
Nueva Ley General de Aguas y obligaciones del Estado
La nueva Ley General de Aguas está orientada al derecho humano al agua y a la justicia social. Reafirma la obligación del Estado de prevenir, investigar y reparar violaciones al acceso al recurso, además de reconocer el derecho al saneamiento y al agua para consumo personal y doméstico. Fortalece atribuciones de los Organismos Operadores y fija un plazo de 180 días para que las entidades federativas armonicen su legislación. Estos cambios buscan que la disponibilidad de agua responda a criterios de inclusión y protección de poblaciones vulnerables.
El dictamen incorpora medidas enfocadas en eficiencia operativa, protección ambiental y seguridad jurídica. Se introducen sanciones más proporcionadas para quienes cedan o intercambien agua con fines distintos a los concesionados. Además, contempla suspensión o revocación de títulos en casos de reincidencia grave. También tipifica los «delitos contra las aguas nacionales», con distinciones entre conductas graves y actividades domésticas o agropecuarias familiares que no representen riesgo.
Los ajustes también alcanzan la gobernanza del agua. Se fortalecen los mecanismos internos de control, la participación técnica en los consejos y la vigilancia sobre operaciones relacionadas con el recurso. Todo esto pretende generar mayor transparencia y corregir un sistema históricamente marcado por abusos, acaparamientos y falta de control institucional.
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