La dirigencia nacional de Morena confirmó la expulsión definitiva de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, tras detectar presuntos vínculos con actividades delictivas. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido determinó que la medida era procedente, tras haberle suspendido anteriormente sus derechos como militante.
Motivos y respaldo de la decisión
En conferencia de prensa en Villahermosa, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que “no existe impunidad ni complicidad, no se protege ni se solapa a nadie”. La decisión se fundamenta en investigaciones internas del propio partido y en indicios de que Bermúdez estaría vinculado con la organización criminal “La Barredora”, presuntamente asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según fuentes partidistas, la baja de Bermúdez en el padrón de militantes surtió efecto desde el 2 de octubre. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene la facultad de sancionar desde la suspensión temporal hasta la expulsión definitiva de militantes involucrados en conductas graves, como en este caso.
Contexto judicial y relevancia política
Hernán Bermúdez enfrenta procesos judiciales internacionales por delitos que incluyen asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Su expulsión del partido se da en un momento de especial sensibilidad política, en el que Morena busca enfatizar que la militancia no otorga inmunidad frente a investigaciones de carácter criminal.
El partido ha subrayado que este caso no es comparable con el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón, ya que la investigación y la sanción surgieron desde el propio movimiento, lo que representa un precedente sobre la capacidad de Morena de actuar frente a presuntos delitos de gravedad entre sus miembros.
Implicaciones para la política estatal
Analistas consideran que la expulsión de Bermúdez Requena podría tener efectos inmediatos en la percepción pública de la gobernanza y seguridad en Tabasco, donde su historial como funcionario público y las acusaciones de crimen organizado habían generado controversia. Además, la medida busca reforzar la imagen del partido como una organización que no tolera corrupción ni vínculos criminales entre sus militantes, en un contexto nacional de creciente escrutinio sobre la transparencia política.
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