El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una amenaza los problemas de agua y drenaje en México, tras acusar al gobierno mexicano de enviar aguas residuales al Río Tijuana, afectando a comunidades como Imperial Beach y Coronado, en California. Durante declaraciones desde la Casa Blanca, Trump exigió que México atienda “inmediatamente” la situación para evitar daños a la población y al medio ambiente en territorio estadounidense.
Trump aseguró que las descargas de aguas negras han generado un riesgo sanitario significativo, afectando a miles de personas y provocando pérdidas económicas en los sectores turístico y pesquero. Según el mandatario, la falta de acción mexicana podría justificar medidas más severas, incluyendo sanciones comerciales o la activación de aranceles relacionados con el incumplimiento de acuerdos ambientales y fronterizos.
La administración estadounidense responsabiliza a las autoridades mexicanas por la acumulación de aguas residuales que, por la geografía y flujo del Río Tijuana, cruzan la frontera y contaminan las playas y zonas residenciales de California. “No es aceptable que los problemas de drenaje de México afecten a Estados Unidos. Se deben tomar medidas inmediatas”, afirmó Trump.
Impacto ambiental y tensión bilateral
Expertos en recursos hídricos advierten que la contaminación del Río Tijuana puede generar efectos graves en la salud pública y en la biodiversidad local. La presencia de aguas residuales eleva los niveles de bacterias y metales pesados, afectando peces, aves y ecosistemas costeros. Además, las comunidades fronterizas enfrentan cierres temporales de playas y restricciones en actividades recreativas por los riesgos sanitarios.
En respuesta a las declaraciones de Trump, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que mantiene comunicación directa con autoridades estadounidenses para atender la situación. El gobierno mexicano asegura que realiza monitoreo constante del flujo de agua, limpieza de canales y plantas de tratamiento, con el objetivo de cumplir los estándares de calidad exigidos por tratados internacionales y acuerdos binacionales.
La crisis también ha reabierto el debate sobre la infraestructura hídrica en la frontera norte de México. Especialistas consideran que la inversión en plantas de tratamiento y mantenimiento de canales es insuficiente para enfrentar los crecientes desafíos de contaminación, sequía y crecimiento urbano en Tijuana y municipios aledaños.
Por su parte, el gobernador de Baja California ha destacado que se coordina con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para priorizar la remediación de puntos críticos y minimizar la afectación a EE. UU., cumpliendo con tratados de 1944 que regulan el flujo de agua entre ambos países. Sin embargo, Trump ha señalado que, mientras no vea acciones concretas, la amenaza de aranceles y sanciones permanecerá vigente.
La situación refleja la fragilidad de la relación bilateral en materia ambiental y el impacto directo que los problemas locales pueden tener en decisiones políticas y económicas de alto nivel. Analistas internacionales destacan que la tensión por el agua podría repercutir en negociaciones comerciales y cooperación fronteriza si no se establecen soluciones rápidas y efectivas.
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