La reducción de la jornada laboral en México a 40 horas semanales ha entrado en una fase decisiva de debate nacional, pero también enfrenta llamados de cautela y propuestas para su implementación progresiva. Durante el Segundo Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas, convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), representantes del sector empresarial, sindical e internacional coincidieron en que la reforma es necesaria, aunque advierten que su éxito dependerá de su ejecución responsable y gradual.
“No es solo voluntad, es ingeniería laboral”
Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que la propuesta debe incorporar una “dosis de realidad”, recordando que México no es homogéneo ni en su economía ni en su estructura empresarial.
“La jornada de 40 horas es una meta posible y deseable, pero debe lograrse de forma gradual, con responsabilidad presupuestaria, operativa y una madurez institucional”, expresó.
Entre las propuestas de la Concamin figuran estímulos fiscales, gradualidad diferenciada por sector, impulso a la productividad con tecnología y diálogo tripartito continuo para ajustar la reforma según las capacidades reales de las empresas.
En el norte, el sector industrial pide gradualidad para mipymes
Jorge Humberto Santos, presidente de Caintra, subrayó que la industria está dispuesta a mejorar condiciones laborales, pero con enfoque especial en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que generan el 70% del empleo en México.
“No podemos dejar atrás a las mipymes. Debemos aplicar esta reforma con enfoque en productividad, flexibilidad y acompañamiento estatal”, afirmó.
Por su parte, Humberto Martínez Cantú, de Index, propuso una política pública integral para acompañar la reducción horaria con programas de capacitación, simplificación administrativa y eficiencia operativa.
Los sindicatos insisten: que la reducción comience en 2025
Del lado sindical, las propuestas son claras y con plazos definidos. Leslie Baeza Soto, de la CROC, planteó que en 2025 debe iniciarse la transición a 46 horas semanales, para llegar a las 40 horas en 2027.
“La reducción debe garantizar que por cada cinco días laborados, se otorguen dos días de descanso. Es parte de avanzar hacia una legislación laboral moderna, incluyente y alineada con los estándares internacionales”, sostuvo.
En la misma línea, Edmundo García Santos, de Conasim, subrayó que el cambio no debe verse como una carga para las empresas, sino como una apuesta por la calidad de vida y la salud física y mental de los trabajadores.
“Reducir no es trabajar menos, es trabajar mejor”, sentenció.
Ismael Flores Cantú, de la CTM, enfatizó que la reforma permitirá a las y los trabajadores pasar más tiempo con sus familias, pero reconoció que aún falta definir cómo se implementará sin afectar impuestos ni costos laborales.
Organismos internacionales apoyan, pero advierten riesgos
Desde la perspectiva internacional, David Kaplan, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Truman Packard, del Banco Mundial (BM), celebraron el enfoque de diálogo en México y destacaron que la experiencia de la reforma en subcontratación es un ejemplo a seguir.
Kaplan recordó que productividad y bienestar no deben verse como objetivos opuestos, y que es posible romper con la lógica del “juego de suma cero” si se construyen acuerdos sólidos entre el sector público, privado y los trabajadores.
Packard, por su parte, advirtió sobre riesgos en las pequeñas empresas, como el capital ocioso o los costos de capacitación, y llamó a acompañar la transición con mecanismos de apoyo efectivos.
Un consenso: sí a la jornada de 40 horas, pero con realismo
El foro concluyó con una visión compartida: la reducción de la jornada laboral no es solo deseable, es inevitable en un mundo que avanza hacia mejores equilibrios entre trabajo y vida. Sin embargo, su implementación en México exige responsabilidad fiscal, acompañamiento técnico y un compromiso real con la productividad.
Mientras los sindicatos piden una aplicación clara y con plazos definidos, el sector empresarial insiste en gradualidad y flexibilidad, sobre todo para proteger a las mipymes. La clave, coinciden todos los actores, será el diálogo constante para evitar impactos negativos y lograr una reforma que realmente mejore la vida de millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos.
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