La Cámara de Diputados aprobó por mayoría las reformas al Código Fiscal de la Federación, desatando una tormenta política y jurídica por las nuevas facultades que otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con 335 votos a favor y 122 en contra, el bloque oficialista de Morena y sus aliados defendió el paquete como una herramienta para combatir la evasión fiscal y los esquemas de facturación falsa. Sin embargo, la oposición lo calificó como un “Código Fiscal Espía” y acusó al gobierno de instaurar un régimen de “terrorismo fiscal” que vulnera la privacidad de los ciudadanos y la operatividad de las empresas.
El punto más polémico es la creación del artículo 30-B, que obliga a todas las plataformas digitales con operaciones en México —como servicios de streaming, transporte o comercio electrónico— a dar acceso al SAT en tiempo real a su información. Esta disposición permitirá a la autoridad fiscal verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias sin requerir procedimientos adicionales. Si una empresa incumple, se prevé incluso el bloqueo temporal de sus servicios digitales. La medida entrará en vigor el 1 de abril de 2026, según el transitorio aprobado.
Además, la reforma elimina la fracción X del artículo 124, que impedía a los contribuyentes impugnar actos fiscales cuando afirmaban desconocerlos. La modificación fue respaldada por legisladores de Morena y la oposición, quienes coincidieron en que la norma anterior debilitaba el derecho de defensa. No obstante, los cambios centrales refuerzan las capacidades de fiscalización del SAT, incluyendo la posibilidad de negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas o empresas con antecedentes vinculados a facturación falsa o créditos fiscales no solventados.
Oposición denuncia concentración de poder y violaciones a la privacidad
El debate en el pleno fue uno de los más encendidos de la actual legislatura. Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma abre la puerta a un control excesivo sobre la vida financiera y digital de los mexicanos. Héctor Saúl Téllez, del PAN, calificó la iniciativa como “una intromisión directa del SAT en la vida privada de los ciudadanos”, acusando que el gobierno busca “husmear en los movimientos personales” de los usuarios. Según el legislador, la facultad de suspender sellos digitales ante errores o retrasos “equivale a la muerte operativa de los negocios”.
Desde el PRI, Yerico Abramo Masso criticó la falta de autocrítica del gobierno: “Es más fácil crear una política de terrorismo fiscal que limpiar la casa”, afirmó. Mientras tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gloria Núñez Sánchez, advirtió que la reforma “concentra un poder desmedido en la autoridad hacendaria” y carga de obligaciones a quienes ya cumplen.
Morena defendió los cambios asegurando que buscan impedir la creación de empresas fachada y frenar la evasión fiscal, que según cifras oficiales representa pérdidas millonarias al erario. La diputada Freyda Marybel Villegas Canché sostuvo que la iniciativa “moderniza la fiscalización digital y refuerza la transparencia del sistema tributario”.
Organizaciones alertan sobre un riesgo para derechos digitales y libertad de expresión
Las preocupaciones trascendieron el plano legislativo. Las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 advirtieron que el nuevo artículo 30-B viola el derecho a la privacidad y representa una forma de censura indirecta. Según R3D, el acceso en línea y en tiempo real del SAT a la información de las plataformas “constituye una interferencia desproporcionada” y carece de salvaguardas judiciales. Artículo 19 fue más allá: calificó la reforma como una forma de “censura previa”, prohibida por la Constitución y por tratados internacionales.
Ambas organizaciones pidieron al Congreso reconsiderar la medida y buscar mecanismos “menos lesivos” para fiscalizar sin vulnerar derechos fundamentales. También advirtieron que el bloqueo de plataformas digitales podría afectar el espacio cívico donde se ejercen derechos humanos y libertades informativas.
Mientras la iniciativa pasa al Senado para su discusión final, la controversia sigue abierta. Por un lado, el gobierno asegura que la reforma fortalece la recaudación y combate la corrupción fiscal; por el otro, críticos la ven como un paso hacia el control digital del Estado sobre la vida económica y personal de los ciudadanos. Lo cierto es que la nueva legislación redefine los límites entre la fiscalización legítima y la vigilancia intrusiva.
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