La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Fiscal de la Federación que permitiría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en tiempo real a los datos operativos de plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Tinder o Bumble. La medida, impulsada por la mayoría de Morena, fue aprobada con 335 votos a favor y 122 en contra, y ha desatado fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos digitales, que advierten una “intromisión desproporcionada” en la privacidad de los usuarios.
El nuevo artículo 30-B, adicionado al Código Fiscal, establece que los proveedores de servicios digitales deberán conceder al SAT “acceso permanente, en línea y en tiempo real” a la información que obre en sus sistemas o registros. La reforma incluye servicios de streaming, intermediación entre terceros, clubes en línea, páginas de citas, educación a distancia y aplicaciones con contenido digital.
De aprobarse también en el Senado, el SAT podría ingresar a bases de datos de empresas extranjeras y nacionales que operen en México, con el argumento de mejorar la eficiencia recaudatoria y evitar la evasión fiscal.
Preocupación por privacidad y censura digital
De acuerdo con el texto aprobado, la información a la que el SAT tendría acceso abarcaría registros de suscripciones, transacciones, facturación y datos operativos relacionados con la prestación del servicio. En caso de incumplimiento, la autoridad fiscal podría ordenar el bloqueo temporal de la plataforma o app en territorio nacional.
Esto implicaría que los usuarios finales de plataformas digitales podrían quedarse sin acceso a sus cuentas si la empresa no proporciona el acceso solicitado por el SAT.
El artículo 30-B fue duramente cuestionado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y por Artículo 19, organizaciones que advirtieron que el alcance de la medida “representa una amenaza directa a la privacidad y la libertad de expresión”. Según R3D, el acceso constante y sin restricciones constituye “una interferencia desproporcionada en los derechos de la ciudadanía”, al permitir una invasión total y permanente sin necesidad de que existan causas justificadas o control judicial.
Ambas organizaciones señalaron que la disposición “carece de salvaguardas legales y control judicial que impidan intrusiones arbitrarias”, eliminando la protección constitucional sobre los datos personales. Además, calificaron el bloqueo temporal de servicios como una forma de censura indirecta, incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión.
El debate en el pleno dividió posturas. Mientras Morena y sus aliados defendieron la reforma como una herramienta para combatir la evasión fiscal digital, la oposición advirtió que la medida abre la puerta a una vigilancia sin límites. El PRI y el PAN coincidieron en que el acceso en tiempo real “viola el derecho a la privacidad y vulnera la seguridad digital de millones de usuarios”.
Empresas tecnológicas aún sin emitir opinión
La iniciativa ahora pasará al Senado de la República, donde deberá ser discutida y eventualmente modificada antes de convertirse en ley. Si el Senado aprueba sin cambios el texto actual, el SAT obtendría por primera vez facultades de monitoreo directo sobre las operaciones internas de plataformas internacionales. Sin embargo, varios legisladores ya anticiparon que buscarán acotar el alcance de la reforma para incluir supervisión judicial y límites técnicos.
Mientras tanto, empresas tecnológicas y plataformas digitales aún no han emitido posicionamiento público, pero fuentes del sector anticipan que podrían solicitar amparos para evitar la entrega de información en tiempo real, en caso de que la norma sea ratificada.
El tema ha encendido alertas entre especialistas en derecho digital, quienes advierten que México podría replicar prácticas de vigilancia fiscal semejantes a las de países con bajos estándares de protección de datos. La discusión legislativa promete prolongarse, pues la presión social y empresarial se mantiene activa en torno a lo que podría ser uno de los mayores cambios en la relación entre el fisco y las plataformas tecnológicas.
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