La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los jueces de distrito levantar las suspensiones definitivas que impedían la implementación de la reforma judicial y el proceso electoral extraordinario del 1 de junio. La decisión se fundamenta en que solo los Tribunales Colegiados de Circuito o la propia SCJN tienen la facultad de confirmar, modificar o revocar dichas suspensiones.
Resolución de la SCJN y alcance legal
El fallo establece que las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que declaraban inválidas estas suspensiones, no tienen capacidad jurídica para revocar órdenes de jueces de distrito. La SCJN argumentó que los jueces deben acatar lo dispuesto en la Constitución y en la Ley de Amparo, las cuales delimitan su jurisdicción en estos casos.
La determinación de la SCJN responde a recursos promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que impugnó las suspensiones otorgadas por jueces de distrito a favor de magistrados que buscan evitar la aplicación de la reforma. El máximo tribunal reiteró que su objetivo es garantizar el respeto a los procesos legales y la división de poderes en el país.
Proceso electoral extraordinario
Con la revocación de las suspensiones, el proceso electoral extraordinario previsto para el 1 de junio podrá desarrollarse conforme a lo establecido en la reforma judicial. Esta reforma busca modificar la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, un tema que ha generado amplio debate entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Expertos en derecho constitucional han señalado que esta resolución refuerza la autonomía del máximo tribunal y limita la injerencia de otras instancias en el otorgamiento de suspensiones. Asimismo, subrayan que la SCJN envía un mensaje claro sobre la necesidad de respetar la jerarquía de las decisiones judiciales.
Por su parte, el gobierno federal ha respaldado la decisión de la Corte, argumentando que la reforma tiene como fin democratizar el acceso a la justicia y evitar la permanencia de jueces mediante mecanismos opacos. En contraste, organizaciones de juristas y magistrados han expresado preocupación sobre el impacto que este cambio podría tener en la independencia judicial.
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