Legisladoras, especialistas y representantes de la sociedad civil urgieron a los Congresos estatales y al Gobierno federal a emprender de manera inmediata un proceso de armonización legislativa en materia de delitos sexuales y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, ante la grave dispersión normativa que impide sancionar con eficacia estos delitos en todo el país.
Durante el Primer Encuentro Nacional de Congresos Locales rumbo a la armonización legislativa, Paula Gándara Autrique, representante de la Fiscalía General de la República (FGR), advirtió que las discrepancias entre los 34 códigos penales estatales provocan que delitos como el abuso sexual, estupro o corrupción de menores tengan penas desiguales, incluso castigos mínimos o multas irrisorias, según la entidad federativa.
“Nos enfrentamos a una dispersión normativa que impide una persecución eficaz. Hay estados donde las penas aún son menores de un año, o las multas no superan los 50 días. Además, hay definiciones vagas que dificultan la tipificación adecuada de estos crímenes”, señaló.
Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Mónica Miguel Muñoz Olmedo alertó que existe un grave subregistro de estos delitos: por cada caso que llega a las autoridades, hay entre cinco y diez más que no se denuncian. Este patrón coincide con observaciones realizadas por el Comité Internacional de los Derechos del Niño al Estado mexicano.
La especialista también criticó la falta de acciones eficaces por parte de las fiscalías y la inaccesibilidad de los canales de denuncia, lo que impide el acceso a la justicia de miles de víctimas.
Lorena Villavicencio Ayala, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), llamó a establecer una agenda legislativa común que reconozca y combata fenómenos como la violencia sexual, el matrimonio infantil, la violencia digital y el reclutamiento de menores por el crimen organizado.
“Un mismo delito no puede tener consecuencias tan dispares según el estado donde ocurra. Necesitamos un marco legal común y políticas públicas que protejan efectivamente a nuestras infancias, especialmente a las niñas”, expresó Villavicencio.
También propuso impulsar una cruzada cultural nacional para erradicar la normalización de la violencia y promover la crianza positiva como base para prevenir abusos desde el entorno familiar.
El encuentro concluyó con un llamado unánime a que el Congreso de la Unión y los poderes legislativos locales asuman esta tarea como una prioridad nacional, indispensable para cerrar brechas de impunidad y garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia.
También te puede interesar: Gobierno de Estefanía Mercado es reconocido a nivel nacional por la calidad de sus servicios públicos
