El Senado aprobó una reforma que amplía las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), otorgándole acceso permanente, en línea y en tiempo real a la información de plataformas digitales. La medida, que busca combatir la evasión fiscal, fue cuestionada por legisladores de oposición que la consideran una amenaza a la privacidad y la presunción de inocencia.
Reforma fiscal amplía vigilancia en plataformas digitales
Con 76 votos a favor y 38 en contra, el Senado de la República aprobó la reforma al Código Fiscal de la Federación, enviada por la Cámara de Diputados, que amplía las facultades del SAT para supervisar la actividad económica digital en México. El proyecto fue turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación.
El dictamen incorpora el artículo 30-B, que obliga a las plataformas digitales —de streaming, compras en línea, transporte y otros servicios— a permitir a las autoridades fiscales el acceso permanente a sus sistemas. El objetivo es verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en tiempo real. En caso de incumplimiento, se prevé incluso el bloqueo temporal de los servicios digitales.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, defendió la medida al señalar que se busca “garantizar un piso parejo entre el comercio digital y el tradicional”. Explicó que la reforma fija una tasa de retención unificada de “2.5% para personas físicas, 4% para personas morales con RFC y 20% para quienes no lo proporcionen”.
Yunes Márquez agregó que el paquete fiscal incluye un programa de regularización para personas físicas y morales con base en el ejercicio 2024, además de establecer una tasa fija de retención de 0.9% sobre intereses y recargos de 1.38% mensual en créditos fiscales. A su juicio, la medida “fomenta la inversión y consolida un entorno de certeza y legalidad”, al tiempo que fortalece la capacidad recaudatoria del Estado.
Oposición advierte sobre riesgos a la privacidad y la vigilancia permanente
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma “trasciende lo técnico” y “pone en riesgo los principios más elementales del Estado de Derecho”. Señaló que la disposición “abre la puerta a una vigilancia sin límites, a la censura administrativa y a una inseguridad digital que amenaza a millones de usuarios”.
Colosio argumentó que el nuevo artículo “rompe el equilibrio entre la eficiencia recaudatoria y el respeto a los derechos fundamentales”, al otorgar al SAT “un acceso continuo e indiscriminado” sin requerimientos judiciales previos. “Ninguna autoridad debería observar de forma constante la actividad de la ciudadanía sin una orden judicial”, insistió.
Por su parte, la senadora panista Imelda Sanmiguel calificó la medida como “una falacia de modernización” que, en realidad, “faculta al SAT para ingresar a los datos personales y comerciales de compradores, vendedores y usuarios”. Aseguró que la reforma permite “vigilar en tiempo real plataformas como Netflix, TikTok, Uber, Mercado Libre y Tinder”.
Sanmiguel añadió que esta “nueva ley espía”, como la han llamado internautas, “rompe la línea entre fiscalización y derecho a la privacidad”. Explicó que la autoridad fiscal podría conocer datos sobre movimientos comerciales, gastos, preferencias e incluso geolocalización, bajo la premisa de una modernización que “nos trata a todos como culpables hasta demostrar lo contrario”.
La legisladora advirtió además que el SAT podría bloquear sellos digitales o suspender operaciones si detecta retrasos o inconsistencias. “Si un ciudadano se retrasa unos días en entregar sus registros, no podrá facturar ni cobrar. El SAT podrá rastrear sus ingresos en tiempo real y suspenderlo si considera algo sospechoso”, dijo.
Pese a las advertencias, la mayoría oficialista mantuvo el respaldo a la reforma, argumentando que la medida responde a la necesidad de fortalecer la recaudación ante la expansión del comercio digital y el crecimiento de operaciones no reguladas.
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