Con 75 votos a favor y 37 en contra, el Senado de la República aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una iniciativa que busca reducir la carga administrativa en los tres niveles de gobierno mediante la digitalización de trámites y servicios, así como la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la ciudadanía.
El dictamen, impulsado por las comisiones unidas de Gobernación, Economía y Estudios Legislativos, establece un marco normativo para simplificar procesos, mejorar la eficiencia del aparato estatal y combatir la corrupción, facilitando el acceso a servicios públicos en todo el país.
¿En qué consiste la nueva ley?
Entre los pilares de esta legislación se incluye:
- Digitalización de trámites y servicios gubernamentales.
- Creación de la plataforma Llave MX, que funcionará como un sistema de autenticación digital ligado a la CURP del ciudadano.
- Implementación del Expediente Digital Ciudadano y del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios.
- Desarrollo del Repositorio Nacional de Tecnología Pública, como base tecnológica para el sistema nacional.
Estas herramientas permitirán a los ciudadanos acceder, verificar y completar trámites sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas gubernamentales, replicando modelos ya operativos en entidades como la Ciudad de México.
La ley también establece que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será el organismo encargado de supervisar y ejecutar estas políticas en todo el territorio nacional.
Posturas encontradas durante el debate
Durante el debate legislativo, la senadora Olga Sosa defendió la iniciativa, destacando que “permitirá combatir la corrupción con un marco más accesible, equitativo, influyente y ágil”.
Sin embargo, diversas bancadas de oposición manifestaron preocupación por la protección de los datos personales de los ciudadanos. Alejandra Barrales Magdaleno, senadora por Movimiento Ciudadano, expresó que “en esta era digital, donde los datos personales son materia prima fundamental, no hay suficientes garantías sobre su uso y resguardo”.
En la misma línea, el legislador Néstor Camarillo Medina (PRI) señaló que la ley “no considera a los millones de mexicanos que viven en zonas rurales sin acceso a internet ni computadoras”, advirtiendo sobre un riesgo de exclusión digital.
Por su parte, Laura Esquivel Torres cuestionó la concentración de funciones en la nueva Agencia Digital, tras la eliminación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y el Observatorio Nacional. “Esto es el ‘Big Brother’ de los datos de todos los mexicanos, sin contrapesos ni mecanismos claros de rendición de cuentas”, apuntó.
Próximo paso: publicación en el DOF
Tras la aprobación en el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, ordenó que el dictamen sea remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), paso con el que la ley entraría en vigor de forma oficial.
Esta nueva legislación representa uno de los movimientos más ambiciosos del gobierno mexicano en materia de transformación digital del Estado, aunque su aplicación en un país con marcadas desigualdades tecnológicas aún genera dudas entre diversos sectores.
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