El Senado de la República aprobó con modificaciones la reforma a la Ley Aduanera, una de las iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para modernizar el comercio exterior mexicano. El dictamen fue avalado con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, y regresa a la Cámara de Diputados para su revisión final. La discusión evidenció un profundo contraste entre las bancadas: mientras el bloque oficialista celebró el proyecto como un paso hacia la eficiencia y la digitalización del sistema aduanero, la oposición alertó sobre posibles riesgos para la transparencia y la certeza jurídica de los contribuyentes.
El objetivo central de la reforma, según la exposición de motivos, es fortalecer la fiscalización sin generar nuevas cargas tributarias. Sin embargo, los senadores de oposición advirtieron que la nueva estructura otorga facultades excesivas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), lo que podría abrir la puerta a discrecionalidad en los procesos de inspección y autorización de patentes.
Uno de los puntos más debatidos fue la creación del Consejo Aduanero, órgano responsable de emitir resoluciones sobre autorizaciones y patentes aduanales. A su vez, la reforma otorga a la ANAM y al SAT facultades concurrentes en la supervisión posterior al despacho de mercancías, lo que busca agilizar la detección de irregularidades en tiempo real.
Aduanas digitales y controles más estrictos: el nuevo marco operativo
El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, defendió la reforma como una herramienta para “lograr una aduana moderna que cuide la competitividad sin debilitar la integridad fiscal del país”. Destacó que la digitalización de trámites reducirá tiempos y costos operativos, y que los recursos recaudados podrán reinvertirse en infraestructura, salud y educación.
Entre los cambios más relevantes aprobados se encuentra la eliminación de la patente vitalicia para agentes aduanales, que ahora tendrán un límite de 20 años de vigencia, con evaluaciones cada tres años para conservarla. Esta medida pretende profesionalizar el sector y combatir malas prácticas vinculadas a la evasión y el contrabando.
Además, se establece la obligatoriedad del expediente electrónico de pedimentos, el cual incluirá el Comprobante Fiscal Digital (CFDI), facturas, carta porte y otros documentos que acrediten las operaciones. Este expediente permitirá cruzar datos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con la que las autoridades podrán celebrar convenios para el análisis automatizado de información.
El decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2026, aunque algunos artículos, como el 86 A y el 106, tendrán aplicación escalonada para permitir la reglamentación correspondiente.
Críticas opositoras: “huachicol fiscal y discrecionalidad jurídica”
Durante la discusión, el panista Raymundo Bolaños Azocar criticó que la iniciativa “maquilla el problema estructural del huachicol fiscal”, sin tocar los mecanismos que facilitan el saqueo de recursos públicos. A su juicio, el nuevo marco “convierte a los agentes aduanales en chivos expiatorios y otorga al gobierno una lupa discrecional sobre el comercio exterior”.
Por su parte, el priista Miguel Ángel Riquelme alertó que la reforma “vulnera compromisos del T-MEC”, al permitir sanciones excesivas y posibles interferencias en operaciones internacionales. “México corre el riesgo de quedar en desventaja frente a sus socios comerciales”, advirtió.
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, sumó que “la reforma pone más trabas al comercio exterior que soluciones reales”, y lamentó que no aborde directamente la corrupción que afecta a los puertos y aduanas del país.
Pese a las críticas, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, calificó la reforma como “un nuevo pacto entre el Estado, las empresas y la sociedad”, en el que la tecnología se convierte en “aliada de la justicia fiscal y del crecimiento económico”.
El dictamen, que aún debe ser analizado por la Cámara de Diputados, redefine el papel del Estado en el control aduanero y marca el inicio de una etapa de transición hacia un modelo más digital y fiscalmente riguroso. El verdadero reto, coincidieron analistas, será evitar que la centralización del poder en materia aduanera derive en opacidad o en un nuevo foco de discrecionalidad administrativa.
También te puede interesar: Juan Ramón de la Fuente se reunirá con Marco Rubio en Washington: Seguimiento de mecanismos de cooperación
