El Senado de la República aprobó con mayoría de votos las modificaciones a la Ley de Amparo, desatando un intenso debate político sobre sus efectos en los juicios en curso. Con 82 votos a favor y 38 en contra, el bloque de Morena y sus aliados logró sacar adelante una reforma que, según la oposición, podría vulnerar el principio de no retroactividad de la ley. Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sostuvieron que los cambios afectan procesos abiertos y debilitan uno de los instrumentos más importantes de defensa ciudadana frente a los abusos del poder.
Durante la discusión, que se prolongó por varias horas, los legisladores favorables a la reforma argumentaron que era necesario actualizar el marco jurídico para garantizar mayor coherencia en la aplicación del amparo y evitar que se utilice con fines dilatorios. Sin embargo, la oposición alertó sobre lo que considera un “retroceso legal” que permitiría aplicar nuevas normas a casos ya iniciados, algo que a su juicio viola principios constitucionales. “Esta ley no fortalece el amparo, lo somete al poder político”, acusó un senador del PAN durante la sesión.
Entre los artículos más polémicos se encuentra el que regula la aplicación de las nuevas disposiciones a juicios en trámite. Las etapas ya concluidas deberán resolverse bajo la ley anterior, pero las fases pendientes quedarán sujetas a los nuevos lineamientos una vez que la reforma entre en vigor. Este punto provocó el mayor desacuerdo, pues para la oposición abre la puerta a la inseguridad jurídica. Morena, por su parte, defendió el cambio como una medida de orden procesal que no afecta derechos adquiridos.
Reforma se enviará al Ejecutivo para su promulgación
Con la aprobación final en el Senado, la minuta será remitida a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez cumplido este trámite, la nueva Ley de Amparo entrará en vigor en todo el país. La mayoría legislativa celebró el resultado como un paso hacia la “modernización del sistema de justicia”, mientras que la oposición anunció que buscará mecanismos constitucionales para impugnar la reforma ante la Suprema Corte.
La discusión en torno al juicio de amparo trasciende el ámbito técnico. Se trata de una figura histórica en México, considerada la última defensa del ciudadano ante el poder público. Por ello, las reacciones no se limitaron al Congreso: juristas y académicos han manifestado preocupación por el alcance de la reforma, pues consideran que podría debilitar el control judicial sobre los actos de autoridad. En contraste, sus promotores aseguran que la actualización busca impedir abusos de litigantes que “usan el amparo como herramienta de presión política o económica”.
El debate pone de nuevo sobre la mesa la tensión entre el poder legislativo y el judicial, un tema recurrente desde el inicio de la actual administración. Aunque Morena sostiene que la reforma es técnica y necesaria, los críticos la ven como un intento por reducir los contrapesos institucionales. Lo cierto es que, una vez promulgada, el impacto real de la nueva ley se medirá en los tribunales, donde los jueces deberán determinar cómo aplicar las nuevas disposiciones sin vulnerar derechos ya reconocidos.
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