El Gobierno de México publicó el decreto mediante el cual se otorga un estímulo fiscal del 100 por ciento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que estaba previsto para aplicarse a partir del 1 de enero de 2026 a la venta y distribución de videojuegos con contenido violento, extremo o clasificado para adultos. La medida, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en los hechos anula el impacto del nuevo gravamen aprobado semanas atrás por el Congreso.
El decreto fue difundido este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se sustenta, según el propio Gobierno federal, en la necesidad de facilitar el cumplimiento fiscal y evitar afectaciones económicas al sector de los videojuegos y a los prestadores de servicios digitales que operan en el país.
La decisión ocurre luego de que en noviembre pasado se aprobara una reforma a la Ley del IEPS que estableció la causación de este impuesto a partir de 2026 por la enajenación de videojuegos físicos no aptos para menores de 18 años, así como por los servicios digitales que permiten su acceso, descarga o transmisión, incluidos aquellos prestados desde el extranjero.
Cómo opera el estímulo fiscal
De acuerdo con el decreto, el estímulo equivale al 100 por ciento del IEPS que deba pagarse por dichas actividades, siempre que el impuesto no sea trasladado al consumidor final. El monto del beneficio será acreditable contra el propio IEPS causado, pero no dará lugar a devoluciones ni a compensaciones de ningún tipo.
La medida aplica tanto para la venta de videojuegos en formato físico como para los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, así como para los residentes en el país que ofrezcan este tipo de contenidos mediante plataformas o servicios digitales.
El Ejecutivo federal argumentó que cuenta con facultades legales para dictar medidas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para conceder subsidios o estímulos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Alivio regulatorio para plataformas digitales
El decreto también libera a los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal del cumplimiento de diversas obligaciones formales previstas en la Ley del IEPS. En el caso específico de los prestadores de servicios digitales, quedarán exentos de las obligaciones contenidas en los artículos 5o.-A Bis y 20-A de dicha ley.
Esto implica que no se les aplicará el bloqueo temporal de plataformas por incumplimientos relacionados con este impuesto, una de las medidas que había generado mayor preocupación entre empresas tecnológicas y asociaciones del sector.
No obstante, el Gobierno aclaró que la exención no será aplicable a las obligaciones en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la prestación de servicios digitales, por lo que los proveedores deberán seguir cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del IVA.
Asimismo, el estímulo fiscal no se considerará ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), y los contribuyentes quedarán relevados de presentar el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estará facultado para emitir las reglas necesarias para la correcta aplicación del decreto.
Una decisión que neutraliza el impuesto
El estímulo fiscal entrará en vigor el 1 de enero de 2026, la misma fecha en la que comenzaría a aplicarse el IEPS a los videojuegos con contenido violento. En la práctica, esto significa que el nuevo impuesto quedará neutralizado mientras se mantengan las condiciones establecidas en el decreto.
La semana pasada, la propia presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su Gobierno había decidido no cobrar el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos previsto para 2026, al reconocer las dificultades técnicas y administrativas para hacer efectiva su aplicación.
La decisión ha reavivado el debate sobre la pertinencia de gravar contenidos digitales bajo criterios de violencia, así como sobre la consistencia de la política fiscal en sectores emergentes de la economía digital.
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