La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reafirmó que Uber y otras plataformas de transporte privado no cuentan con permiso para operar en aeropuertos de México, pese a que recientemente obtuvieron un fallo judicial que limitaba la actuación de la Guardia Nacional en los terminales. La dependencia insistió en que los usuarios deben continuar utilizando taxis autorizados, transporte turístico y autobuses con permisos formales, mientras la controversia legal permanece en curso.
Suspensión judicial no significa autorización
El pasado 27 de octubre, el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó a Uber una suspensión definitiva, pero con límites claros: los operativos de la Guardia Nacional deben realizarse conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, evitando actos arbitrarios o discriminatorios.
La SICT, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), aclaró que este fallo judicial no constituye un permiso legal para que Uber o aplicaciones similares presten servicios en aeropuertos. La dependencia recalcó que solo los vehículos con autorización formal pueden operar en las terminales aéreas mexicanas.
Operativos y regulación: equilibrio entre seguridad y legalidad
Durante los últimos años, la autoridad federal ha sancionado a conductores de apps que incumplen requisitos legales, como licencias federales, seguros de pasajeros y pago de contraprestaciones. La controversia se intensifica justo antes del Mundial de Futbol 2026, evento que atraerá más de 5,5 millones de visitantes al país, aumentando la presión sobre la gestión del transporte desde y hacia los aeropuertos.
Uber afirmó que la suspensión judicial permite a sus socios operar en más de 70 aeropuertos sin riesgo de detención en zonas federales durante la vigencia del fallo. La empresa ha solicitado al Congreso de la Unión establecer regulación clara que legalice la operación de plataformas digitales en terminales aéreas, mientras taxistas autorizados mantienen posiciones encontradas sobre la competencia y el control de estas rutas.
Usuarios y turistas bajo alerta
La disputa afecta principalmente a los usuarios, quienes deben ajustarse a los servicios legalmente autorizados. La SICT enfatizó que la finalidad de las restricciones es garantizar seguridad, cumplimiento de la ley y protección a los pasajeros, evitando riesgos derivados de servicios no regulados dentro de aeropuertos.
El Gobierno federal mantiene el control sobre las sanciones y operativos, mientras el juicio principal de amparo sigue su curso, y la comunidad transportista y turística permanece atenta a cualquier cambio que pueda impactar la llegada y movilidad de millones de personas durante el evento deportivo internacional.
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