El gobierno capitalino aprobó un incremento de 1.50 pesos en la tarifa del transporte público concesionado, aplicable a rutas y corredores, tras semanas de negociación con los transportistas. La medida entrará en vigor en noviembre y viene acompañada de nuevas obligaciones para los operadores, enfocadas en mejorar la seguridad, la limpieza y la formalidad del servicio.
Nuevas condiciones para los transportistas
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), los concesionarios y permisionarios deberán exhibir de forma visible la nueva tarifa dentro de las unidades, terminales y bases. “De lo contrario, la actualización no tendrá efecto alguno”, advirtió la dependencia.
Los operadores tendrán que portar licencia de tipo “C” vigente y visible, retirar vidrios polarizados, mantener vigente el seguro de responsabilidad civil y mostrar el número de placa en la cromática de cada unidad. Además, deberán realizar revisiones periódicas en luces, puertas, llantas, frenos y pasamanerías, así como garantizar el correcto funcionamiento de cámaras, botones de auxilio y GPS.
También se estableció que los conductores deberán vestir un uniforme compuesto por pantalón oscuro y camisa blanca, mantener limpias las unidades y participar en programas de capacitación continua. Estas condiciones formarán parte de los requisitos para conservar las concesiones.
Un incremento que divide opiniones
El aumento de 1.50 pesos fue recibido con reacciones mixtas entre usuarios y transportistas. Mientras los concesionarios aseguran que el alza es “insuficiente” frente a los costos del combustible y mantenimiento, varios usuarios expresaron su inconformidad. “No hay mejora visible, pero siempre hay aumento”, dijo una pasajera en la ruta Tacubaya–Observatorio.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México justificó el ajuste como una medida “necesaria” para equilibrar la operación del transporte y exigir mayor cumplimiento en los estándares de servicio. “No se trata solo de subir la tarifa, sino de mejorar las condiciones para los usuarios”, señaló la Semovi.
La promesa: modernización y supervisión constante
El Gabinete de Movilidad adelantó que, a partir de noviembre, habrá una supervisión más estricta sobre los corredores concesionados y las rutas locales, con especial atención a las condiciones de seguridad, mantenimiento y trato al pasajero.
Autoridades locales destacaron que el objetivo del incremento es impulsar la profesionalización del transporte público, con programas de modernización de flota y seguimiento digital en tiempo real. Se espera que los concesionarios que incumplan los lineamientos puedan perder el beneficio de la actualización tarifaria o incluso su concesión.
La administración capitalina subrayó que la tarifa preferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad continuará vigente, y que el ajuste no afectará al transporte operado directamente por el gobierno, como el Metro o el Metrobús.
El nuevo esquema, aseguran las autoridades, busca “cerrar la brecha” entre los transportes públicos y privados, garantizando un servicio más seguro, formal y controlado. Sin embargo, para miles de usuarios, el reto sigue siendo que las promesas de modernización se reflejen en las calles, no solo en los anuncios oficiales.
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