La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este martes 1 de abril de 2025 su conferencia matutina desde Palacio Nacional, acompañada por su Gabinete presidencial. Durante el evento, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la ratificación de un amparo que eliminó a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez de la lista de personas con cuentas bancarias congeladas.
Gómez explicó que la UIF giró instrucciones para que se reanudaran los servicios financieros de Gómez Mont y Álvarez, en cumplimiento de una sentencia general de amparo emitida el 10 de marzo de 2025. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene órdenes de aprehensión vigentes contra ambos por presuntos fraudes en el sistema de prisiones, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La UIF detalló que, pese a la descongelación de sus cuentas, los acusados han logrado evadir la extradición de Estados Unidos a México. «Esperamos que las cosas cambien y enfrenten su responsabilidad ante los tribunales mexicanos», enfatizó Pablo Gómez, subrayando la urgencia de fortalecer el marco legal para evitar la evasión de la justicia mediante medidas de amparo.
El funcionario indicó que se requiere una reforma integral que refuerce el sistema de prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita. «Esta conducta no es rara, pero sí escandalosa. Debemos cerrar las lagunas legales que permiten que individuos vinculados al lavado de dinero evadan la justicia», afirmó.
El caso de Inés Gómez Mont ha llamado la atención desde que en 2021 se emitieron órdenes de aprehensión por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La UIF continuará impulsando acciones legales y colaborando con autoridades internacionales para lograr la extradición y garantizar que la conductora y su esposo enfrenten a la justicia mexicana.
Antecedentes del caso
Inés Gómez Mont, reconocida presentadora de televisión mexicana, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan desde 2021 acusaciones por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Las investigaciones señalan que, entre 2016 y 2017, participaron en desvíos millonarios a través de contratos fraudulentos relacionados con el sistema penitenciario mexicano, utilizando empresas fantasma para simular operaciones y desviar fondos públicos.
Tras emitirse órdenes de aprehensión en su contra, la pareja abandonó México y se estableció en Estados Unidos, donde han logrado evadir la justicia mexicana hasta la fecha. A pesar de que en marzo de 2025 un tribunal ordenó el descongelamiento de sus cuentas bancarias, las órdenes de captura permanecen vigentes. Las autoridades mexicanas continúan trabajando en su extradición para que enfrenten los cargos imputados en territorio nacional.
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