El Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas exhibió una crisis financiera al solicitar un adelanto estatal de 9 millones de pesos para cubrir aguinaldos y otras prestaciones antes del 30 de noviembre. La administración de Nivardo Mena enfrenta una falta evidente de liquidez, situación confirmada por el tesorero municipal, Javier Martínez Correa, quien admitió que no cuentan con recursos propios para cumplir esta obligación laboral. La petición, que ya tiene una preaprobación, anticipa un cierre de año complicado y deja ver fallas serias en la planeación del gasto público. Además, el monto final podría superar la cifra solicitada, lo que incrementa la presión sobre la administración.
Problemas financieros crecen mientras se ajustan cifras finales
Martínez Correa explicó que el adelanto estatal se descontará durante los próximos seis meses a través de las participaciones del municipio. Aunque esta alternativa permite cumplir de manera inmediata con el personal sindicalizado, de confianza, policías y administrativos, también confirma que el gobierno municipal operó sin previsión suficiente. El monto total aún está en revisión junto con la Dirección de Recursos Humanos, que debe definir el número final de empleados y las variaciones por categoría. Esta incertidumbre aumenta la inquietud de los trabajadores, quienes esperan recibir sus prestaciones completas pese al escenario adverso.
De acuerdo con fuentes internas consultadas por empleados inconformes, la administración de Mena batalla desde mediados de año para sostener gastos operativos esenciales. La solicitud del adelanto, aunque legal, expone una fragilidad que no se puede ignorar, especialmente cuando se acerca el cierre fiscal. Trabajadores entrevistados por distintos medios locales comentaron que cada año esperan retrasos, pero esta vez perciben un mayor riesgo por el evidente desgaste financiero del Ayuntamiento.
La falta de liquidez también ha provocado ajustes internos que comenzaron a sentirse en oficinas administrativas, donde algunos directores pidieron limitar compras, recortar gastos menores y evitar contrataciones temporales. Estas medidas, aunque necesarias, revelan que el impacto supera el tema del aguinaldo y se extiende a la operación general del municipio.
Apenas un respiro temporal con deuda directa al 2026
Si el adelanto se aprueba sin cambios, el Ayuntamiento tendrá un respiro temporal, pero cargará con una deuda directa que reducirá su margen financiero para 2026. Además, especialistas consultados por trabajadores señalan que este tipo de solicitudes deberían ser excepcionales y no una herramienta recurrente, pues comprometen la estabilidad municipal. La transparencia en el manejo del recurso será clave para evitar que el problema se repita.
En paralelo, algunos empleados señalaron que la administración no ha comunicado con claridad las medidas que tomará en caso de que el monto final supere los 9 millones, lo que alimenta la tensión entre el personal. La presión social aumenta porque el pago de aguinaldos es una obligación ineludible y su incumplimiento puede derivar en protestas o acciones legales.
La administración de Nivardo Mena enfrenta así un cierre de año marcado por la incertidumbre financiera, la falta de planeación y el descontento laboral. La decisión del Gobierno del Estado será determinante para que los trabajadores reciban o no sus prestaciones en tiempo y forma.
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