El obispo de la diócesis Chetumal-Cancún, Pedro Pablo Elizondo, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para sumar esfuerzos con la Iglesia y prevenir la paternidad infantil en Quintana Roo, luego de que se revelara un caso que ha generado alarma social.
El llamado del monseñor surge a raíz de un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que documentó que un adolescente de 12 años, residente del municipio de Othón P. Blanco, fue registrado oficialmente como padre durante 2024. Este caso lo convierte en uno de los menores documentados como padres en México.
Según los datos del INEGI, la madre del recién nacido tenía 38 años en 2024, lo que representa una diferencia de 26 años entre ambos, la segunda brecha más amplia entre las 30 paternidades infantiles reportadas a nivel nacional. El obispo señaló que este tipo de situaciones se presentan principalmente por la falta de educación sexual y la inmadurez física y espiritual de los menores.
Monseñor Elizondo destacó que la problemática persiste desde hace tiempo y, a pesar de ello, no se han implementado medidas efectivas para prevenirla. “Se requiere hacer un análisis a fondo para evitar que se produzcan estos embarazos a temprana edad, que en muchas ocasiones derivan en abortos”, apuntó.
Acciones urgentes y conciencia social
El obispo enfatizó que se deben generar acciones “excepcionales” y “extraordinarias” para proteger a las niñas y garantizar que alcancen la madurez no solo física, sino también espiritual, psicológica, económica y laboral antes de asumir la responsabilidad de la maternidad.
Asimismo, Elizondo hizo un llamado a todas las iglesias de la región para que participen en la concientización de los feligreses sobre la responsabilidad que implica tener un hijo. “Tener un hijo no es como cualquier cosa, es una responsabilidad muy grande, en una misión muy grande. Y hay que estar preparados”, concluyó.
El obispo sugirió que la cooperación entre gobierno, sociedad y la Iglesia es clave para reducir los casos de paternidad infantil y ofrecer apoyo integral a los menores involucrados, así como educación preventiva en comunidades vulnerables.
Este llamado se produce en un contexto donde las autoridades estatales y federales buscan reforzar políticas de educación sexual y prevención de embarazos en adolescentes, aunque los resultados han sido limitados hasta la fecha. La participación activa de la Iglesia y de la sociedad civil podría marcar un punto de inflexión en la atención de este fenómeno que afecta a Quintana Roo y otras entidades del país.
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