A pesar de los esfuerzos institucionales y sociales orientados a promover la igualdad y el respeto a los derechos humanos, en Quintana Roo persisten prácticas de discriminación contra personas migrantes indígenas, particularmente en la zona norte del estado. Casos de exclusión escolar, rechazo laboral y hostigamiento cotidiano siguen formando parte de la experiencia de quienes llegan a Cancún y otros municipios en busca de mejores condiciones de vida.
Cifras del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado (Inmaya) revelan que al menos siete de cada 10 personas indígenas en Quintana Roo enfrentan algún tipo de discriminación por su origen. Esta situación impacta de forma directa en su acceso a empleos formales, servicios básicos y espacios educativos, lo que perpetúa ciclos de desigualdad social.
De acuerdo con datos oficiales, el 24 por ciento de la población indígena declaró haber vivido al menos un episodio de discriminación en los últimos cinco años, mientras que el 75.6 por ciento considera que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la sociedad. Estas percepciones reflejan una problemática estructural que va más allá de hechos aislados y evidencia una normalización de la exclusión.
La población indígena continúa siendo marginada
Pablo Martínez Flores, director del Centro de Atención al Migrante en Cancún, señaló que se han documentado casos en los que menores de edad no son admitidos en escuelas y personas adultas son rechazadas en centros de trabajo por pertenecer a un pueblo originario, por sus rasgos físicos o por su forma de vestir. Subrayó que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y generan un impacto profundo en la vida de las familias migrantes.
El activista enfatizó que, aunque la población indígena cuenta con los mismos derechos que cualquier ciudadano, en la práctica continúa siendo marginada. Insultos en espacios públicos, obstáculos para acceder a la educación y escasas oportunidades laborales forman parte de una realidad que se repite con frecuencia en distintos puntos del estado.
Martínez Flores recordó que históricamente los pueblos indígenas han sido relegados en ámbitos clave como la salud, la educación, la justicia y el empleo. Esta exclusión, explicó, no es reciente ni casual, sino el resultado de prejuicios arraigados que siguen influyendo en la toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado.
Migración interna, estigmas sociales y la falta de respuestas institucionales efectivas
Uno de los factores que agrava la situación es la constante migración interna hacia la zona norte de Quintana Roo. Personas provenientes de comunidades indígenas del propio estado, así como de entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, llegan a Cancún y municipios cercanos atraídas por la oferta laboral del sector turístico y de servicios. Sin embargo, al llegar se enfrentan a un entorno que, en muchos casos, reproduce los mismos patrones de exclusión que buscaban dejar atrás.
“Los estereotipos que asocian a las comunidades indígenas con pobreza, falta de preparación o poca disposición para trabajar han reforzado la exclusión social”, señaló Martínez Flores. Estos prejuicios, dijo, se traducen en barreras concretas para acceder a empleos dignos, renta de vivienda y servicios básicos, además de generar un clima de hostilidad cotidiana.
El director del Centro de Atención al Migrante explicó que una de las alianzas más relevantes que mantienen es con la Comisión de Derechos Humanos, a fin de canalizar las quejas de personas migrantes indígenas que sufren discriminación. Detalló que muchas de estas personas abandonan sus comunidades de origen debido a situaciones económicas o sociales adversas, pero al llegar a Cancún continúan siendo objeto de maltrato y rechazo.
Desde hace 18 años, el Centro de Atención al Migrante opera en el parque Nuevos Horizontes, conocido como El Crucero, donde su labor se ha enfocado principalmente en la atención de migrantes indígenas de la península de Yucatán y del sur del país. A lo largo de este tiempo, han documentado patrones recurrentes de discriminación que, pese a las campañas de concientización, no han logrado erradicarse.
Se requiere más que discursos y buenas intenciones
Martínez Flores subrayó que atender esta problemática requiere algo más que discursos o buenas intenciones. Consideró indispensable una respuesta institucional concreta, con políticas públicas efectivas, mecanismos de denuncia accesibles y sanciones claras para quienes incurran en actos discriminatorios. De lo contrario, advirtió, la exclusión seguirá siendo una constante para miles de personas indígenas que buscan integrarse a la vida social y económica del estado.
El panorama en Quintana Roo evidencia que la discriminación hacia migrantes indígenas no es un problema resuelto. Mientras no se traduzcan los compromisos en acciones verificables, la brecha entre el reconocimiento de derechos y su ejercicio pleno continuará marcando la vida de una población históricamente marginada.
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